Por Victor Barrera 
El Congreso de Morelos nombró a Karla Socorro Reyes Reyes y a Clara Elizabeth Soto Castor magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa; la sociedad civil denunció presunto nepotismo y actos inmorales por sus lazos familiares con actores políticos de peso en la entidad.
Las designaciones se concretaron en sesión legislativa, al término de un proceso organizado por la Junta Política y de Gobierno, que elaboró el dictamen correspondiente tras la participación de 14 aspirantes.
El Pleno resolvió mediante votación en cédula y alcanzó 19 sufragios a favor para aprobar los nombramientos por un periodo de nueve años.
Karla Socorro Reyes Reyes es hermana del coordinador del grupo parlamentario de Morena y exalcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, quien salió durante la votación.
Además, está casada con David Ortiz, quien fungió como presidente municipal interino de Jiutepec en 2024 y posteriormente compitió por la alcaldía bajo las siglas de Morena.
En la documentación presentada al Congreso se reportó formación en Derecho —licenciatura y maestría— por la Universidad International College for Experienced Learning (ICEL) y experiencia como proyectista en materia administrativa en el sector privado.
En el caso de Clara Elizabeth Soto Castor, ella es hermana de Roberto Soto Castor, magistrado de Circuito en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en Morelos.
Soto Castor es esposo de la exdiputada local perredista Hortencia Figueroa, a quien se le ubica como una persona cercana al exgobernador Graco Ramírez.
Además, Clara Elizabeth está casada con Hertino Avilés, presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Su trayectoria incluye cargos en la administración pública y la academia: fue contralora de Cuernavaca desde 2020 y es profesora en la Facultad de Derecho de la UAEM. Cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la UAEM y una maestría en Derecho Privado por la Universidad Iberoamericana. En 2019 participó como aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
Ambas magistradas ocuparán el cargo durante nueve años. A diferencia de otros procesos, el Poder Legislativo no difundió públicamente la experiencia curricular completa de las seleccionadas.
El presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, cuestionó que las designaciones carecen de fundamento técnico y advirtió que los vínculos familiares comprometen la independencia judicial.
“No dudo de la capacidad de las abogadas, pero una es hermana de un actor político del Congreso. Eso es completamente inmoral”, afirmó.
Paredes sostuvo que el tribunal no registraba rezagos que justificaran sumar dos ponencias adicionales:
“La carga de trabajo no lo ameritaba; el tribunal sacaba bien el trabajo con las cinco ponencias.”
También señaló que no existe presupuesto para sostener las nuevas magistraturas:
“No hay oficinas, no hay auxiliares, no hay secretarios… Son 20 millones de pesos al año que no están contemplados.”
El litigante promovió un amparo para frenar el proceso, pero el Juzgado de Distrito negó la suspensión. Ahora el recurso podría considerarse improcedente al tratarse de un acto consumado.
Paredes alertó que la presencia de perfiles ligados a actores políticos podría influir en futuras decisiones del tribunal:
“Si mi petición no le conviene al gobierno, la hermana del diputado me va a desechar la demanda.”
Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, afirmó que los nombramientos confirman un deterioro en las prácticas públicas del estado.
“Lo que estamos viendo es la degradación de la política, donde no les importan los conflictos de interés.”
Sostuvo que debería prevalecer la independencia judicial, pero —dijo— continúa la tendencia a colocar a familiares o personas cercanas en espacios que deberían responder a la ciudadanía.
“No hay interés en buscar a las mejores personas, sino en colocar a allegados. Esto deteriora la democracia y las instituciones.”
El investigador concluyó que no observa disposición en el Poder Legislativo para revertir esta dinámica:
“No se ve interés de ningún legislador en hacer las cosas de manera honesta y profesional.”
Tras las críticas, el diputado local y coordinador del grupo parlamentario de Morena Rafael Reyes, rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso se realizó conforme a la ley.
“Esta fue una convocatoria pública. La ley es muy clara respecto a los requisitos académicos y laborales”, afirmó.
Sostuvo que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede inscribirse y descartó favoritismo:
“La elección se realiza a partir de un órgano colegiado, con mujeres y hombres de diversas ideologías. Por tanto, no existe este tema de nepotismo.”
El legislador recordó que no participó en la votación para evitar conflicto de interés:
“Tomé la determinación de salirme del pleno para no participar… no solo decidí no votar, sino no estar presente en la sesión.”
Consideró que la relación familiar no debe limitar aspiraciones profesionales:
“No veo por qué tendría que ser inmoral que una persona profesionista, con documentos que la acrediten y aspiraciones legítimas, por ser familiar de un funcionario público tenga que ser limitada.”
Sobre las dudas sobre posible influencia en las nuevas magistradas, dijo:
“Primero habría que ver su actuar antes de hacer juicios de valor.”
Reyes finalizó: “Son mujeres profesionistas que tienen todo el derecho… Creo que es suficiente.”