Por Victor Barrera 
En México el contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) va al alza, con poco más de 18 mil casos anuales, advierten cifras oficiales. Pese a ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende eliminar la obligación de destinar, como mínimo, 8% de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) que atiende a pacientes que carecen de seguridad social y padecen enfermedades, como sida, que ocasionan gastos catastróficos.
En ese contexto, activistas y diputados alertan que si esa intención de la jefa del Ejecutivo se aprueba en el pleno de la Cámara de Diputados, se va a debilitar la atención a los pacientes con VIH, así como con cáncer y enfermedades raras que requieren tratamientos costosos; además, denuncian que se agravará el desabasto de medicamentos, se limitará la posibilidad de beneficiar a nuevos pacientes y se fomentará la discrecionalidad y opacidad en el uso de los recursos públicos.
El 25 de noviembre último, ocho días antes del Día Mundial de la Lucha contra el sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la Comisión de Salud en San Lázaro, presidida por el morenista Pedro Mario Zenteno Santaella, aprobó el dictamen de la iniciativa que envió Sheinbaum Pardo para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud.
Entre sus modificaciones, la iniciativa pretende cambiar las reglas de operación del Fonsabi, antes llamado Fondo para Gastos Catastróficos, para que su fideicomiso sea operado por un comité que podría disponer de esos recursos para temas distintos a la atención de los pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, VIH y padecimientos raros.
El polémico dictamen, que incluye también la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, fue aprobado con 27 votos en favor, ocho en contra (incluido uno del PT) y una abstención, también del PT, aliado de la 4T.
En 2024 en México se registraron 18 mil 995 nuevos casos de VIH y en 2025, hasta septiembre, se identificaron 15 mil 480, de acuerdo con informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud federal (Ssa).
Especialista en infectología y medicina interna, Sigfrigo Rangel expone que, según datos históricos del VIH, desde hace 44 años, cuando comenzó la epidemia por el virus, hasta ahora se han contabilizado alrededor de 370 mil casos en México. De ese total, 80% son hombres adultos, 19% mujeres adultas y 1% menores de 15 años.
También director médico de GSK México, agrega que, la epidemia sigue concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, pero se ha dado un incremento de contagios entre personas de 15 a 24 años. Calcula que actualmente unas 200 personas con esta enfermedad están en tratamiento. Las entidades con más casos son Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Puebla y Quintana Roo.
Ante este panorama de aumento de casos y la intención de modificar las reglas de operación del Fonsabi, el presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA, Javier Martínez, considera que “desde el sexenio pasado ha habido una disminución de estos presupuestos. No vemos campañas de información ni de prevención. Si hablamos de que la prevención hace la solución, creo que es algo desatinado eliminar estos fondos”.
–De aprobarse estas modificaciones en el pleno de la Cámara, ¿cuál sería el riesgo para las personas con VIH?
–Si ya vivimos un desatino en la atención clínica, vamos a ver un desajuste en la atención y el acceso a medicamentos, probablemente en el desabasto de tratamientos para VIH y, por ende, también de especialistas.
En entrevista, el activista adelanta que en los próximos días harán manifestaciones públicas y se reunirán con legisladores para emitir sus posicionamientos sobre dicha intención y tratar de frenarla. Sin embargo, manda un breve mensaje a la presidenta y a los diputados:
“Que por lo menos vayan un día y sientan qué es atenderse en el Seguro Social, qué es atenderse en el IMSS Bienestar; que sepan qué laberinto se tiene que pasar y a cuánto estigma y discriminación nos enfrentamos al ser pacientes cuando vivimos con VIH”.
Al día siguiente de que se aprobó el dictamen, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN e integrante de la Comisión de Salud en San Lázaro, criticó la votación de los morenistas y advirtió de lo que pasaría si se aprueba esa parte de la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud.
Hoy queremos alertar –publicó Ramírez Barba en sus redes sociales– a los pacientes sin seguridad social que padecen enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH, o con hijos que requieren cuidados intensivos neonatales: ¡Morena va por los recursos del Fondo de Salud que paga sus tratamientos!.
El médico acusó que con la iniciativa aprobada “se elimina” la obligación de destinar, como mínimo, 8% de los recursos del Fosabi a la atención de enfermedades que causan gastos catastróficos.
“Este Fondo, constituido con el Seguro Popular originalmente para pagar tratamientos de especialidad, ahora será usado para gasto corriente, e incluso para mantenimiento y conservación, lo cual resulta preocupante, pues estas tareas deberían estar determinadas en el presupuesto ordinario”, continuó.
Legislador por Guanajuato, dijo, que si eso ocurre, se va a “sacrificar” el dinero acumulado para estos pacientes, para “invertir en elevadores o conservación de hospitales”. Esa acción, siguió, “debilitará la atención y significará menos recursos disponibles para medicamentos e insumos de alta especialidad” y se pondrá en riesgo la continuidad del tratamiento de pacientes graves y limitará el beneficio para nuevos pacientes.
Según sus cifras, durante la vigencia del Seguro Popular su fondo representó la garantía de atención para la población sin seguridad social en este tipo de enfermedades. De 2012 a 2019, este instrumento financiero cubrió “casi un millón 100 mil padecimientos”.
Incluso, expuso que las cifras actuales reflejan un “deterioro alarmante” en los recursos de dicho fondo: en 2018 registraba un saldo de 93 mil millones de pesos; hoy sólo dispone de 34 mil millones; es decir, 59 mil millones menos en los siete años que lleva la llamada 4T.
El diputado panista Ramírez Barba denunció que la “drástica reducción (de los recursos) obedece a que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se recurrió al “uso discrecional” del dinero del fondo, al canalizarlos al gasto corriente o al transferirlos a la Tesorería de la Federación, “donde se perdió su trazabilidad, en abierta contravención con los principios de transparencia, rendición de cuentas y destino específico del gasto público”.
Además, basado en información oficial, detalló que “en los últimos años menos de 5% de los gastos del fondo se ha dedicado a la atención de enfermedades catastróficas, mientras que 95% restante se utilizó en gasto corriente”.
Peor, agregó que un análisis reciente de la organización civil México Evalúa revela “que los gastos catastróficos en salud se dispararon 64.5% en 2024 frente a 2018, con 1.11 millones de hogares incurriendo en gastos catastróficos de salud en 2024”.
Ramírez Barba adelantó que los diputados del PAN exigirán prohibir expresamente que el fondo pueda ser usado en fines ajenos al sistema de salud, que tenga mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las modificaciones a la Ley General de Salud se podrían discutir en el Pleno esta misma semana que se inicia.