Por Victor Barrera 
En otra propuesta de ley, la coordinadora Ivonne Ortega Pacheco plantea que el segundo periodo ordinario de sesiones inicie el 15 de enero y concluya el 31 de julio dado que no es necesario contar con prolongados periodos de receso, además de que actualmente existen 3 mil 500 iniciativas que no pudieron ser analizadas y se declaran como asuntos concluidos.
Ortega Pacheco señaló que es evidente el rezago legislativo que enfrenta la Cámara de Diputados y que es una problemática recurrente que requiere ser atendida, pues incluso, de acuerdo al Reglamento, se tenía un plazo de 90 días para dictaminar, pero se ha transitado a un esquema en que los asuntos se pueden prorrogan indefinidamente.
Es por eso que la presente iniciativa prevé que se incremente de 3 a 6 meses y medio el segundo periodo ordinario y así poder atender todos los asuntos que competen al Congreso.
Desproporcionada y prohibicionista la medida en contra del consumo y posesión de vapeadores
Respecto a la medida que estará discutiendo los próximos días en el pleno de la Cámara, respecto a imponer cárcel de 1 a 8 años por comprar, almacenar o poseer un vapeador, aseguraron que es una medida que no tiene precedentes internacionales ya que México sería el primer país en el mundo en criminalizar la compra y posesión de vapeadores.
Las y los integrantes de la Bancada señalaron que la criminalización generará un mercado negro y aumentará riesgos sanitarios, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y experiencias globales, prohibir solo genera mercados ilegales con productos de baja o nula calidad.
“Desde Movimiento Ciudadano nos oponemos a las políticas prohibicionistas y sancionadoras que históricamente han demostrado ser ineficaces en el consumo de productos prohibidos, al tiempo que generan incentivos para los mercados negros. En vez de recurrir al prohibicionismo, sería preferible establecer regulación sobre la calidad de los productos, las limitaciones a su acceso por parte de menores de edad, así como generar recaudación a través del impuesto especial a productos de tabaco, para destinar dichos recursos a campañas informativas y acciones de salud pública”, explicó la diputada Irais Reyes de la Torre.