Abogados panistas van a la CoIDH y denuncian al Estado Mexicano

Los abogados Germán Martínez Cázares y Juan Marcos Gutiérrez González denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por considerar que el gobierno mexicano ha violado el Estado de derecho y las garantías constitucionales. 

Consideraron también que las garantías hoy se encuentran en riesgo en México debido a las acciones impulsadas por el gobierno federal y su mayoría legislativa. 

La denuncia expone que las reformas recientes contra el Poder Judicial, el debilitamiento del juicio de amparo y la intervención política en la designación de jueces constituyen una violación grave a los estándares internacionales en materia de justicia, debido proceso e independencia judicial. 

El PAN y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados expresó su respaldo a los dos denunciantes y advirtió que estas decisiones no son temas técnicos ni institucionales aislados: “Cuando el gobierno captura jueces o limita el amparo, cualquier persona queda indefensa frente a un abuso de autoridad o frente al crimen organizado”. 

A través de un comunicado, el PAN expuso: 

“Sin jueces independientes, la justicia queda sometida al poder político. Sin amparo, la gente pierde el último recurso para defender su libertad, su propiedad, su salud o su seguridad”, haciendo eco del documento entregado a la CoIDH. 

El PAN subrayó que México llevaba dos décadas cumpliendo sentencias, medidas y recomendaciones del sistema interamericano para fortalecer al Poder Judicial y garantizar controles democráticos. 

Sin embargo, el actual gobierno —dice— “echó atrás las garantías, debilitó los contrapesos, politizó la justicia e intentó borrar un sistema de libertades que le pertenece a la ciudadanía, no al gobierno. Con ello, México ha dejado de cumplir obligaciones internacionales que antes reconocía plenamente”. 

La dirigencia nacional del PAN ha adelantado que acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para impedir que el poder político destruya la justicia y anule los derechos fundamentales de la ciudadanía.