Por Victor Barrera 
Sepa La Bola
Claudia Bolaños
Y sepa la bola… pero Ernestina Godoy llegó a la Fiscalía General de la República con un mensaje que no dejó espacio para interpretaciones: la justicia no se negocia.
La frase, repetida casi como declaración de principios, contrasta con la realidad de una institución donde más del 92% de los delitos en México quedan impunes, según cifras del Inegi. Si quiere recuperar la confianza ciudadana, tendrá que desmontar un aparato de omisiones que lleva años oxidándose sin remedio.
Godoy apuesta por la coordinación, la inteligencia y el trabajo diario con los tres órdenes de gobierno. No es un detalle menor: en los últimos cinco años, la FGR abrió más de 170 mil carpetas por corrupción, pero sólo una fracción mínima terminó en sentencias firmes. La nueva fiscal entiende que una institución aislada, atrincherada en su autonomía, está destinada a fallar.
El respaldo social que obtuvo no lo asume como medalla, sino como compromiso. Su desafío es lograr que la fiscalía deje de voltear hacia otro lado y coloque a las víctimas, de una vez y sin simulaciones, en el centro del Estado. El discurso ya lo dio; ahora toca demostrar que la justicia puede dejar de ser promesa para convertirse en práctica cotidiana.
Y Sepa la Bola pero cuando la denuncia se vuelve arma suceden casos como el de Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, conocido como “El Zar de la Limpieza”, quien volverís a mostrar cómo las denuncias sin sustento pueden convertirse en un mecanismo de presión dentro del sector de servicios. Empresarios que se dicen afectados acudieron a la FGR para responder a señalamientos que consideran infundados y que, afirman, provienen de la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción, una organización sin domicilio, teléfono ni registro público, cuyo rastro se limita a un correo de Gmail y menciones dispersas en medios. Allí supuestamente se hicieron las quejas.
Pero me cuentan que no es la primera vez que prácticas de este tipo aparecen alrededor de Reyes Saldívar. En años recientes, asociaciones sindicales y empresas vinculadas a él han sido señaladas por intentar desacreditar competidores justo en las dependencias donde ha perdido licitaciones, me aseguran.
Este mismo año, Semalyn S.A. de C.V., relacionada con su red, fue suspendida tras detectarse irregularidades desde 2023. Y el asunto escaló al grado de que el entonces presidente López Obrador intervino para promover denuncias en su contra, tras identificar anomalías en licitaciones públicas y reportes laborales ante el SAT.
Cuando un sector normaliza la denuncia como arma comercial, deja de competir y empieza a erosionarse desde dentro.
Y Sepa La Bola pero
La crisis laboral que estalló en Tecámac exhibe un estilo de gobierno que parece guiado más por revancha política que por sentido institucional. La alcaldesa Rosi Wong decidió despedir a más de 300 trabajadores, muchos de ellos fundadores del movimiento que llevó a Morena al poder en 2018, para reemplazarlos por perfiles priistas, algunos con antecedentes cuestionados. No sólo se trata de renuncias forzadas en plena temporada decembrina y sin liquidaciones de ley: la decisión fractura al propio proyecto que presume continuidad y transformación. Los ceses alcanzaron a directores, jefes y coordinadores de áreas clave, mientras nuevos funcionarios fueron nombrados como “encargados de despacho” para evitar el rechazo del Cabildo.
Tecámac, que en dos administraciones se volvió referente en infraestructura y servicios, enfrenta hoy un golpe interno que no sólo vulnera derechos laborales, sino que envía un mensaje claro: en el actual gobierno, la lealtad histórica parece valer menos que los acuerdos coyunturales y las viejas prácticas que se suponía habían quedado atrás.