Por Victor Barrera 
Con la finalidad de que las universidades, instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación puedan gestionar y administrar de manera autónoma los recursos económicos que obtengan por concepto de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con los sectores social, productivo, académico o internacional, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) impulsa una iniciativa.
El documento, que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fue turnado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Expone que la iniciativa tiene como objeto resolver la ausencia de un reconocimiento claro al derecho de las instituciones públicas a gestionar y ejercer de forma autónoma los recursos que generan a través de sus propias actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con el sector social y productivo.
Actualmente, la normatividad presupuestaria y administrativa en México no distingue entre los recursos que las instituciones científicas generan por sí mismas a través de convenios, prestación de servicios de transferencias tecnológicas y aquellos que provienen del subsidio federal.
Esto ha provocado que los recursos autogenerados sean tratados como ingresos excedentes, sujetos a reintegros o a la autorización de autoridades hacendarias para su uso, lo que restringe su aprovechamiento institucional y desincentiva la productividad académica.
En este sentido, la reforma no solo atiende un vacío legal, sino que también fortalece el principio constitucional de progresividad del derecho a la ciencia, al permitir que los beneficios del conocimiento generado por las instituciones públicas se reinviertan en su mejora continua y en el bienestar colectivo.
Además, la reforma está apegada a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
La diputada Márquez Alcalá señala que la propuesta no exime del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, ni excluye a las autoridades competentes del seguimiento del gasto público.
Asimismo, no implicaría un gasto adicional para el erario, ni modifica el régimen presupuestario de subsidios públicos, simplemente reconoce el derecho de las instituciones a administrar con autonomía los recursos que ellas mismas generan, en apego a las leyes de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
“La presente iniciativa no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un compromiso político con la construcción de un país donde la generación de conocimiento cuente con las condiciones institucionales para crecer, transferirse y traducirse en prosperidad social”, subrayó.