Por Victor Barrera 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TejaBC) inhabilitó por tres años al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por el caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, confirmaron este martes 9 de diciembre funcionarios del gobierno de Baja California
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y María Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, lo declararon en la conferencia matinal realizada en el municipio de Tijuana.
“Sí, es recurrible y estaría en su derecho de hacer lo que considere a su beneficio. Es un proceso que inició ya hace bastante tiempo”, dijo Ávila Olmeda.
Dicha sanción fue determinada este lunes 8 de diciembre tras una audiencia que concluyó alrededor de las 23:00 horas.
Monge Pérez, por su parte, puntualizó que es verdad la sentencia contra el exmorenista.
“En atención a la pregunta relativa sobre la resolución emitida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en efecto: el día de ayer (lunes) fuimos notificados de esta resolución. Conlleva, como ya bien lo comentaron, una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal”, afirmó.
La secretaria recordó que el asunto data del inicio de la administración de Marina del Pilar.
“Y ya estaba para resolución. Fuimos notificados el día de ayer: tres años de inhabilitación y, obviamente, los presuntos responsables tienen las acciones correspondientes para impugnar la resolución”, dijo.
María Gabriela Monge Pérez agregó que las cinco resoluciones ya han sido emitidas.
El exsenador no se ha pronunciado al respecto; de forma reciente, únicamente difunde información del Partido del Trabajo (PT), luego de haber sido expulsado de Morena desde mayo del 2023.
Conforme fue documentado en su momento, durante el 2022 la administración de Marina del Pilar presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado de 12 mil millones de pesos contra siete funcionarios del periodo de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021).
Esto porque, sin tener facultades legales, autorizaron la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali por parte de la empresa Next Energy.
Posteriormente, el contrato para dicha planta fue considerado “lesivo” para el Estado por parte de la administración Marinista, pues costaría a la entidad alrededor de 37 mil millones de pesos; debido a esto, el proyecto fue cancelado.