Por Victor Barrera 
A un año de la sentencia histórica emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, indígena Chol Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Estado mexicano no ha actuado con la diligencia ni la eficacia ordenadas para cumplir el fallo.
El 12 de diciembre de 2024, la Corte IDH condenó al Estado mexicano por la desaparición de Antonio González Méndez, ocurrida el 18 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla, Chiapas, a manos de integrantes del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia, en el contexto de la estrategia de contrainsurgencia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94.
La sentencia estableció que las desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno iniciado el 1 de enero de 1994 son imprescriptibles, y obligó al Estado mexicano a rendir cuentas, lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, a casi 27 años de la desaparición de Antonio González Méndez, el cumplimiento del fallo no ha sido debidamente priorizado.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las acciones emprendidas por las autoridades se han limitado a trámites administrativos superficiales, sin avances reales en la búsqueda ni en la investigación del caso.
Aunque la Fiscalía del estado sostiene como hipótesis la desaparición a manos de un grupo paramilitar, el caso sigue sin ser plenamente esclarecido y sin incorporar de manera efectiva lo resuelto por la Corte IDH, que ya determinó la responsabilidad del Estado mexicano por impulsar la actuación de estos grupos en la región.
Esta falta de congruencia, señala el Frayba, genera serias dudas sobre el compromiso institucional para garantizar verdad y justicia.
Organizaciones y familiares exigen que la investigación identifique y procese a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y advierten que el cumplimiento de la sentencia no puede reducirse a actos simbólicos o documentos sin impacto real.
El incumplimiento parcial del fallo internacional, subrayan, evidencia las dificultades estructurales para traducir una resolución de la Corte IDH en cambios concretos. La localización de Antonio González Méndez y el desarrollo de una investigación profesional, científica y autónoma siguen siendo el eje central del reclamo.
Además, el Estado mexicano está obligado a implementar reformas estructurales ordenadas por la Corte, entre ellas un registro nacional actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, capacitación especializada para investigar crímenes de Estado y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios con un enfoque integral de derechos humanos.
Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, reiteraron que continuarán exigiendo el cumplimiento total de la sentencia, la verdad y la justicia. “Esta lucha no es solo por Antonio, sino por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman que la impunidad deje de ser la regla en México”, manifestaron.