Por Victor Barrera 
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea enfrenta una serie de denuncias administrativas y señalamientos públicos que abarcan desde un presunto desvío de recursos públicos en beneficio de su esposa, hasta irregularidades en obras inmobiliarias en Polanco, omisiones en rendición de cuentas, conflictos con vecinos de la demarcación, y confrontaciones políticas constantes con el Congreso de la Ciudad de México.
Tabe Echartea, militante de Acción Nacional y alcalde de Miguel Hidalgo desde 2021 (reelecto en 2024), se ha convertido en una de las figuras notables del panismo capitalino, muy a pesar de los señalamientos que acusan el uso político de la alcaldía para favorecer su carrera política y la de su esposa, la diputada local Laura Álvarez Soto.
El señalamiento más reciente fue presentado por diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quienes informaron haber interpuesto una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina por el presunto uso indebido de recursos de la alcaldía Miguel Hidalgo para favorecer políticamente a Álvarez Soto.
De acuerdo con los legisladores, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, existen indicios de que programas institucionales, actos públicos y difusión oficial de la alcaldía fueron utilizados para posicionar la imagen política de la legisladora, lo que, sostienen, puede configurar un delito por el desvío de recursos públicos con fines político-electorales.
A las denuncias políticas se suma una investigación administrativa relacionada con la obra ubicada en Lafontaine 110, en la colonia Polanco, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la capital y del país.
Según la información publicada por La Jornada, la Contraloría General de la Ciudad de México abrió un expediente para revisar posibles irregularidades en la autorización, supervisión y ejecución de la construcción.
A partir de un exhorto aprobado por el pleno del Congreso capitalino, el 11 de septiembre pasado, fueron señalados el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, César Mauricio Garrido López, hermano del diputado local Diego Garrido, y los titulares de las direcciones ejecutivas de Registro y Autorizaciones, Esther Alicia Martínez Castañeda, y de Servicios Urbanos, José David Rodríguez Lara.
En el punto de acuerdo se denunciaron omisiones y posibles encubrimientos que habrían permitido la construcción de un piso excedente en el inmueble durante el primer periodo del actual alcalde panista.
La autoridad de control confirmó que el procedimiento se encuentra en curso y que aún no se ha determinado responsabilidad administrativa.
No es el único caso presentado ante la Contraloria. En paralelo al asunto de Polanco, vecinos de la colonia Anzures presentaron una denuncia ante la Contraloría por el presunto bloqueo deliberado de un proyecto aprobado mediante presupuesto participativo, al acusar a la alcaldía de imponer trabas administrativas que impidieron la ejecución de una obra avalada por la comunidad.
“Esta cadena de obstrucciones ocurren en un contexto en el que la alcaldía ha mostrado respaldo abierto a otro proyecto que no se eligió, promovido por el vecino Alejandro Curiel, que no obtuvo el respaldo ciudadano, pero ha mantenido una relación cercana con el alcalde, lo que plantea un evidente conflicto de interés al momento de decidir cuáles proyectos se ejecutan y cuáles se frenan”, señaló el Comité de Ejecución del proyecto vecinal.
La decisión del Congreso de la Ciudad de México de dar vista a la Contraloría y al Órgano Interno de Control de Miguel Hidalgo, ocurrió luego de que Tabe no compareciera para explicar el ejercicio presupuestal de la demarcación.
Legisladores principalmente de la 4T, consideraron la ausencia como una falta a la obligación de rendición de cuentas, mientras que el alcalde argumentó desacuerdos sobre el formato de la reunión.
El conflicto se inscribe en medio de una controversia previa tras darse a conocer que la bancada de Morena en la Ciudad prepara una denuncia penal contra los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega, a quienes señala por presuntamente movilizar a grupos de vendedores informales durante la marcha de la Generación Z.
El vocero del grupo parlamentario, Paulo García, confirmó que también
presentarán quejas ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que se investiguen posibles coacciones y otros actos relacionados con la movilización.
La polémica sigue a Tabe. En distintos momentos, videos difundidos en redes sociales y retomados por medios nacionales han mostrado a Tabe en presunto estado de ebriedad durante actos públicos. Las imágenes han sido utilizadas por sus opositores para cuestionar su conducta como servidor público, sin que se haya informado de sanciones administrativas derivadas de estos hechos.
Uno de los episodios más graves en la trayectoria del político ocurrió en septiembre de 2022, cuando Daniel Tabe, su padre, propietario de un restaurante en la colonia Anzures, amenazó con un cuchillo a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) durante una diligencia de clausura. El hecho fue grabado en video y ampliamente difundido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación, y el caso fue judicializado por el delito de amenazas. Mauricio Tabe se deslindó del incidente y afirmó que se trataba de un asunto familiar.
Hasta ahora, ninguna de las denuncias ha derivado en una sanción firme contra el alcalde, aunque varias se encuentran en fase de investigación administrativa.
Legisladores y organizaciones vecinales han insistido en que los casos revelan un patrón de opacidad, conflictos de interés y uso discrecional del poder, mientras que la alcaldía Miguel Hidalgo sostiene que se trata de una ofensiva política sin sustento legal.