Por Victor Barrera 
El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas, con el objetivo de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral recupere su naturaleza original y que los responsables directos —individuos y entes públicos— asuman plenamente su deber de reparar el daño causado.
Explicó que la propuesta fortalece el principio de progresividad de los derechos humanos, protege la sostenibilidad financiera del Fondo y garantiza a las víctimas un acceso efectivo, pronto y completo a la justicia y a la reparación integral.
Dijo que su iniciativa plantea modificar los artículos 65, 69, 70 y 71, además de adicionar los artículos 65 Bis y 65 Ter, para reordenar el modelo actual y corregir sus distorsiones. Establece que el sentenciado y los entes públicos sean los responsables primarios del pago de indemnizaciones, reforzando el carácter subsidiario del Fondo, que solo se utilizaría en casos de imposibilidad real de cobro.
Asimismo, obliga a los entes públicos a prever partidas presupuestales específicas para reparar daños derivados de violaciones a derechos humanos y a reintegrar al Fondo los recursos utilizados en un plazo máximo de 30 días.
El legislador subrayó que esta medida cumple un doble propósito: proteger a las víctimas de la revictimización causada por la incertidumbre y los retrasos; y obligar al Estado a asumir la responsabilidad presupuestal que le corresponde, evitando que el costo de la ilegalidad y la negligencia recaiga sobre la sociedad.
Advirtió que el modelo actual perpetúa la paradoja de que el Estado paga por sus propias violaciones sin efectos correctivos ni preventivos, lo que normaliza la irresponsabilidad institucional. En contraste, la reforma propuesta genera un efecto disuasivo, pues los entes responsables deberán asumir el impacto financiero directo de sus actos, fomentando mejores prácticas administrativas, incentivando la prevención y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.
La iniciativa se sustenta en el marco jurídico nacional e internacional y responde a la necesidad de fortalecer el derecho a la reparación integral. Con ella, se avanza hacia un sistema más justo, equitativo y sostenible, que coloca a las víctimas en el centro de las políticas públicas y obliga al Estado a actuar con responsabilidad, legalidad y diligencia.
Finalmente, recordó que la obligación de reparar integralmente a las víctimas está prevista en la Constitución y en la Ley General de Víctimas, además de constituir un mandato internacional. Instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas coinciden en que la reparación debe ser plena, adecuada y efectiva, incluyendo restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.