Diputados del PRI proponen incluir indicadores ambientales y de desastres naturales en la medición de la pobreza

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos y los legisladores Christian Castro Bello, Noel Chávez Velázquez y Samuel Palma César, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Social e incorporar indicadores de contaminación ambiental y de desastres naturales en la medición oficial de la pobreza. La propuesta contempla adicionar los artículos 11, 25, 36 y 81 de la ley, con el objetivo de que el INEGI incluya estas variables en sus evaluaciones.

Los legisladores señalaron que la reforma reafirma el compromiso del Estado con una medición más extensa, completa e integral, que reconozca las adversidades ambientales como parte del contexto de privación. Con ello, dijeron, se busca sentar las bases para una respuesta gubernamental más eficaz y preventiva, orientada no sólo a aliviar carencias, sino también a reducir riesgos, proteger medios de vida y garantizar entornos saludables para las poblaciones más vulnerables.

“De esta manera se avanzará hacia el desarrollo sostenible y la resiliencia inclusiva, donde el bienestar de las personas vaya de la mano con la protección del medio ambiente en cada rincón del país”, afirmaron.

Recordaron que, en las mediciones anteriores, realizadas por el extinto Coneval, quedaron fuera dos dimensiones críticas: la vulnerabilidad de las personas ante riesgos ambientales y desastres naturales. Y el grado de afectación por la degradación o contaminación del entorno donde habitan.

La iniciativa propone incorporar ambos aspectos como indicadores adicionales, para obtener un panorama más completo de las condiciones de vida y visibilizar cómo el entorno ambiental incide en el bienestar y las oportunidades de desarrollo.

Entre los beneficios concretos destacan diagnósticos más holísticos de las privaciones, considerando ingresos, servicios y fragilidad ante desastres; mejor focalización de programas sociales y de desarrollo; mayor coordinación interinstitucional, al articular datos e iniciativas entre distintas dependencias; y mensaje normativo claro: el progreso debe contemplar simultáneamente bienestar social y salud ambiental.

Los legisladores subrayaron que no puede haber verdadero desarrollo si las personas salen de la pobreza sólo para quedar atrapadas en entornos insalubres o expuestas a cada tormenta.