Por Victor Barrera 
A través de un Punto de Acuerdo, los legisladores priistas pidieron mecanismos permanentes de reconocimiento y reparación simbólica; una pensión digna, justa y suficiente para las familias; y medidas de acompañamiento jurídico, social y psicológico.
Exigieron, además, un registro nacional y memoriales locales que garanticen que ninguna historia quede relegada.
Las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI propusieron al Gobierno Federal y a las entidades federativas la creación de un memorial y el otorgamiento de reconocimiento a las y los policías caídos en cumplimiento de su deber, garantizando además la seguridad jurídica y social de sus familias.
En un Punto de Acuerdo, suscrito por toda la bancada del PRI, explicaron que deben establecerse mecanismos permanentes de reconocimiento y reparación simbólica; asegurar una pensión digna, justa y suficiente para las familias de las víctimas; y adoptar medidas de acompañamiento jurídico, social y psicológico que honren la memoria y protejan los derechos de quienes entregaron su vida al servicio de México.
“Es, en suma, la expresión más tangible de la gratitud de la Nación hacia quienes hicieron del deber su vocación y de la vida, un legado de servicio”, señalaron las y los integrantes de la fracción priista.
Afirmaron que la creación de un Memorial Nacional de Policía en Honor a las Víctimas Caídas en Cumplimiento del Deber representaría una muestra concreta del compromiso del Estado mexicano con la memoria, la justicia y la dignidad. Este espacio, añadieron, permitiría inscribir de manera permanente los nombres de quienes han perdido la vida sirviendo a la sociedad, en un registro nacional que conserve su memoria y visibilice su contribución.
“La visibilidad es un acto de justicia; el olvido, una forma de violencia. Por ello, un registro nacional de policías caídos, junto con memoriales locales, garantizará que ninguna historia quede relegada”, agregaron.
Las y los congresistas subrayaron que la reparación simbólica debe acompañarse de la reparación material, pues las familias de los policías caídos enfrentan no solo el dolor emocional de la pérdida, sino también consecuencias económicas y sociales profundas. La desaparición del ingreso principal, la incertidumbre jurídica en los trámites, la ausencia de protocolos claros y, en muchos casos, el desamparo institucional, agravan la vulnerabilidad de quienes dependían de esa persona, agregaron.
Destacaron que la labor policial no puede reducirse a la imagen del uso de la fuerza; es, sobre todo, un servicio de vocación, cercanía y sacrificio. Reconocer públicamente a las y los policías caídos significa también reconocer que su labor constituye una parte esencial del tejido democrático. El respeto y la gratitud de la sociedad hacia sus cuerpos de seguridad fortalecen la confianza, mejoran la percepción institucional y promueven una cultura de legalidad basada en el respeto mutuo.
Finalmente, recordaron que en el país existen ejemplos notables de reconocimiento institucional a las y los policías caídos en la Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México, Chihuahua y Veracruz. Estos esfuerzos, señalaron, deben inspirar una política pública nacional que unifique criterios y garantice continuidad, con el apoyo y coordinación de la federación, concluyeron.