Por Victor Barrera 
Son por lo menos 150 personas originarias de poblados en la zona rural serrana al norte de Culiacán y que se extiende hasta Badiraguato las que se instalaron en un predio en Montesierra, en la capital de Sinaloa, sin embargo, durante la noche del lunes último personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para desalojar a estas familias.
Los agentes estaban armados al momento del desalojo, desplazando por segunda ocasión con armas largas a familias víctimas de violencia.
Todos huyeron de la guerra generada por el narco en comunidades al norte de Culiacán como La Vainilla, el Potrero de los Ibarra, Bagrecitos y otros pertenecientes a Tepuche, sindicatura al norte de Culiacán.
Pero también hay desplazados de comunidades como la Lapara y Santiago de los Caballeros, entre otras, y todas zonas en donde los ataques con drones han sido constantes.
Apenas el lunes último la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre el aseguramiento de 43 artefactos explosivos en dicho municipio al norte de Culiacán y que hace frontera con Durango y Chihuahua, área conocida como el triángulo dorado.
Estas familias fueron “invitadas” por grupos criminales a dejar sus pueblos debido a que no se les puede garantizar seguridad por los mismos enfrentamientos que ocurren en la zona además de las explosiones por bombas lanzadas con drones.
Por ello arribaron a Culiacán a un predio en la zona conocida como Montesierra, al norte de la ciudad en las cercanías del basurón municipal. Están ahí desde mediados de noviembre último hasta que agentes de la FGE los sacaron por la fuerza.
La autoridad investigadora justificó el nuevo desplazamiento bajo el argumento de que el predio pertenece a un particular quien interpuso denuncia el 14 de noviembre, por lo que personal de la Fiscalía inició carpeta de investigación por el presunto delito de despojo agravado cometido por dos o más personas.
Y además de desplazados, están siendo investigados por la presunta comisión de un delito.
Hasta el momento ni el gobierno estatal ni municipal se han pronunciado respecto al desalojo de estas personas a quienes medios locales se refieren como desplazados por segunda ocasión.
Un agente identificado como Juan Diego Báez explicó al reportero Marcos Vizcarra sobre el desalojo del predio, quien advirtió que se trataba de un “mandamiento ministerial” el que ejecutaban.
Al corte, no se han reportado arrestos de estas personas desalojadas ni definido el nuevo predio en donde podrán establecerse ya que la sugerencia vertida por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) fue de que retornaran a sus pueblos, sin embargo, según estas personas, eso no es posible debido a las condiciones de seguridad.