Por Victor Barrera 
Al hacer un balance del trabajo legislativo de 2025 en el Congreso de la Unión, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Noemí Luna, consideró que el resultado es mayormente negativo y que quedará registrado en la historia de México como el año de los excesos y la simulación del régimen de Morena.
Como debe ser en el sano equilibrio de una democracia, dejó claro que el país cuenta con una oposición responsable que no se cruzó de brazos: acompañó las reformas que protegen a la gente y rechazó las que vulneran libertades. Afirmó que en el 2026 el PAN está comprometido en defender el Estado de derecho, las libertades e impulsar el crecimiento.
En su análisis anual de avances y retrocesos, señaló que “el balance general en el Poder Legislativo es simple y directo: hubo reformas necesarias, excesos de poder y simulación”. Entre las primeras, mencionó el consenso de los seis grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para aprobar medidas contra la extorsión y endurecer las sanciones contra agresores sexuales.
Sin embargo, la diputada federal por Zacatecas indicó que el ejercicio legislativo del año pasado fue preocupante por la tendencia a la concentración de decisiones en el poder central, “con el retorno de un presidencialismo añejo que debilita los contrapesos y deja a la ciudadanía con menos herramientas para defender sus derechos”.
Reiteró la postura de la oposición en el sentido de que el oficialismo convirtió al Poder Legislativo en una “Oficialía de Partes”, producto de una mayoría ficticia otorgada por las autoridades en contra de la voluntad popular expresada en las urnas. Agregó que la transformación sólo existe en el discurso, porque en la ejecución quedó muy por debajo de la realidad.
Noemí Luna criticó la aplicación de la aplanadora oficialista para aprobar leyes sin escuchar a los sectores involucrados y que, además, perjudican a la gente. Entre los ejemplos mencionó la prohibición absoluta de los vapeadores, “que se presentó como una cruzada moral, pero abrió la puerta al mercado negro y a la criminalización indirecta”.
También señaló la nueva Ley de Aguas, que Morena intentó revestir de justicia social, pero que en la realidad genera incertidumbre entre los productores que sí trabajan la tierra; así como las modificaciones a la Ley de Amparo, que dejan a los ciudadanos sin mecanismos eficaces para defenderse del poder.
En materia de igualdad sustantiva y lucha contra la violencia hacia las mujeres reconoció que hubo avances en el marco legal; sin embargo, advirtió que no cuentan con presupuesto suficiente ni con instituciones fortalecidas. “Por eso, el riesgo es que la promesa se quede en marketing político”, concluyó.