Por Victor Barrera 
La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para que la Secretaría de Salud garantice de manera inmediata el abasto suficiente, continuo y oportuno de antídotos y sueros antiveneno en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud.
La propuesta pone especial énfasis en los servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes, así como en las regiones con mayor incidencia de picaduras de alacrán y mordeduras de serpiente, en cumplimiento del principio constitucional del interés superior de la niñez.
Asimismo, exhortó a la dependencia a restablecer y fortalecer la producción pública de estos medicamentos estratégicos, ya sea mediante la recuperación de líneas productivas en Birmex o a través de otras instancias estatales, con el fin de asegurar una capacidad permanente que garantice la soberanía sanitaria y el derecho a la salud de la población infantil.
La legisladora recordó que en México las picaduras de alacrán y las mordeduras de serpiente constituyen un problema de salud pública persistente. De acuerdo con el investigador Edgar Enrique Neri Castro, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, se registran aproximadamente 300 mil casos anuales de picaduras de alacrán, cifra que coloca al país en el primer lugar mundial, concentrados principalmente en entidades del centro, sur y noroeste. Estas afectaciones impactan de manera desproporcionada a comunidades rurales, zonas indígenas y localidades con acceso limitado a servicios especializados.
Precisó que las consecuencias humanas de este desabasto ya se han manifestado y diversos medios de comunicación han documentado casos recientes de infantes que fallecieron tras sufrir picaduras de alacrán sin recibir el suero correspondiente. Anotó, entre ellos, se reportó la muerte de una niña de cinco años en Sonora y de una menor de doce años en Guerrero.
En cuanto a mordeduras de serpiente, datos de la Dirección General de Epidemiología señalan que, hasta la semana 37 de 2025, se contabilizaron 896 casos, un incremento del 27.45 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con mayor incidencia en Nuevo León, Chihuahua y Estado de México.
Jasso Nieto advirtió que la falta de medicamentos esenciales para emergencias previsibles constituye una vulneración directa al mandato constitucional, pues puede derivar en daños irreversibles o incluso en la pérdida de vidas. “La disponibilidad de estos medicamentos en las unidades de salud no es una cuestión administrativa, sino una condición indispensable para salvaguardar la vida”, subrayó.
Recordó que durante años el Estado mexicano, a través de Birmex, asumió la producción de sueros antiveneno como una política estratégica que garantizaba el abasto nacional y la atención prioritaria en regiones de alta incidencia, aun cuando su producción no resultara altamente rentable. Detalló que esta capacidad productiva estatal funcionaba como un mecanismo de soberanía sanitaria, reducía la dependencia de proveedores externos y permitía planear con base en criterios epidemiológicos.
Sin embargo, desde 2022 Birmex dejó de producir sueros antiveneno, al reorientar sus funciones hacia la compra consolidada y distribución de medicamentos. Esta decisión, señaló la diputada, implicó el abandono de una capacidad estratégica sin que se implementara una alternativa integral que asegurara su sustitución.
Casi el total de adquisiciones externas ha generado vulnerabilidades evidentes: retrasos en compras, problemas de suministro, fallas en la distribución y ausencia de medicamentos en hospitales y centros de salud. Estas deficiencias, afirmó, no son incidentes aislados, sino consecuencias previsibles de haber eliminado una capacidad estatal sin planeación adecuada.
Finalmente, Socorro Jasso enfatizó que el interés superior de la niñez exige decisiones que privilegien la prevención de riesgos evitables. La falta de sueros antiveneno en regiones de alta incidencia contraviene este principio y refleja una política pública que no ha incorporado un enfoque de derechos de la infancia.
Corregir esta situación, concluyó, requiere acciones inmediatas para restablecer capacidades productivas, garantizar el abasto continuo y establecer reservas estratégicas suficientes, con especial atención a las zonas donde la población infantil enfrenta mayor riesgo.