Por Victor Barrera 
El Grupo Parlamentario del PAN exigió una investigación exhaustiva, independiente y sin encubrimientos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó decenas de lesionados, y que no puede explicarse como un hecho fortuito, sino como consecuencia de negligencias graves,
decisiones irresponsables y un manejo opaco de los recursos públicos.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado advirtió que no se puede normalizar la pérdida de vidas humanas ni
defender lo indefendible. Subrayó que cuando una obra pública falla y cobra vidas, el Estado tiene la obligación constitucional y moral de investigar hasta las últimas consecuencias, deslindar responsabilidades y garantizar que hechos de esta gravedad no se repitan. Recalcó que en Acción Nacional no se denuncia por consigna, sino porque la mala supervisión gubernamental y el uso indebido del dinero público pusieron en riesgo la vida de las personas.
En este contexto, el Grupo Parlamentario del PAN informó que amplió formalmente la denuncia presentada el pasado 6 de enero, originalmente interpuesta por posibles
irregularidades en el uso de recursos públicos, fallas de supervisión y omisiones graves en la operación del proyecto, a partir de nueva información pública,
investigaciones periodísticas y documentación técnica que han seguido revelando irregularidades, posibles actos de corrupción, deficiencias graves de mantenimiento
y omisiones en la supervisión del proyecto. La ampliación incorpora nuevos hechos, datos de prueba y elementos técnicos que no habían sido considerados inicialmente y que fortalecen la exigencia de responsabilidades administrativas y penales. Acción Nacional dejó claro que no se trata de un simple seguimiento, sino de una aportación
continua de información para evitar la impunidad.
El Grupo Parlamentario del PAN recordó que el proyecto del Corredor Interoceánico acumuló al menos 14 auditorías y revisiones con observaciones técnicas relevantes que fueron ignoradas por el gobierno federal, mientras se mantenía la operación
con infraestructura obsoleta y trenes con más de cinco décadas de antigüedad.
Incluso, el tramo donde ocurrió el descarrilamiento había sido intervenido apenas días antes del accidente, pese a que se destinaron miles de millones de pesos a
supuestas correcciones y trabajos de modernización.
Asimismo, advirtió que la tragedia se agrava por la forma en que el proyecto fue ejecutado bajo un esquema de militarización, al ser entregado a las Fuerzas Armadas, lo que redujo los controles civiles, limitó la transparencia, debilitó los
mecanismos de fiscalización y diluyó las responsabilidades administrativas y operativas. Lejos de garantizar eficiencia y honestidad, este modelo incrementó la opacidad y dificultó el acceso a la información pública.
El Grupo Parlamentario del PAN se sumó a lo señalado por la dirigencia nacional del partido, en el sentido de que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón reiterado en proyectos emblemáticos del actual régimen, donde se
ignoran advertencias técnicas, se prioriza la propaganda política sobre la seguridad, se normaliza la opacidad y se minimizan las consecuencias humanas de las decisiones gubernamentales.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAN reiteró su solidaridad con las familias de las 14 personas fallecidas y sostuvo que la justicia, la verdad y la vida humana
no pueden quedar subordinadas a intereses políticos ni a narrativas oficiales. No se trata de trenes ni de discursos, se trata de personas que murieron y de un Estado
que debe rendir cuentas. Acción Nacional seguirá actuando, denunciando y
aportando elementos para que esta tragedia no quede impune y para que ninguna vida más se pierda por corrupción, negligencia e irresponsabilidad gubernamental.