Por Victor Barrera 
El diputado federal Carlos G. Mancilla exhortó a las secretarías del Medio Ambiente y de Gobierno de la Ciudad de México, así como a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a garantizar la protección, transparencia y bienestar de los animales asegurados del Refugio Franciscano.
Mediante un Punto de Acuerdo, solicitó que se informe si, antes o después del operativo, se emitieron recomendaciones, dictámenes, inspecciones u observaciones, así como el fundamento jurídico de la intervención en el caso. Además, demandó que se asegure de manera permanente que los animales reciban un trato digno y respetuoso, conforme a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, privilegiando su integridad física y emocional.
El legislador también solicitó instalar mesas de diálogo entre autoridades, representantes del Refugio Franciscano y organizaciones civiles especializadas en protección animal, con el fin de construir soluciones que prioricen el bienestar de los ejemplares asegurados.
Asimismo, exigió que se transparenten y aclaren los fundamentos jurídicos del operativo, precisando su relación con los procedimientos judiciales y administrativos en curso respecto del predio donde operaba el refugio. Subrayó la necesidad de diseñar e implementar protocolos preventivos que garanticen que, en futuros conflictos legales o administrativos relacionados con inmuebles, el bienestar animal sea atendido de manera prioritaria y ajena a disputas patrimoniales.
El congresista del PRI recordó que el Refugio Franciscano ha cumplido durante años una función social relevante en materia de protección animal, al suplir omisiones estructurales del Estado mediante el cuidado y resguardo de animales en situación de abandono, lo que lo convierte en un actor de interés público.
El refugio se encontraba en un predio de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, actualmente sujeto a un conflicto jurídico de carácter inmobiliario cuya resolución corresponde exclusivamente a las instancias judiciales competentes y que, por su naturaleza, es ajeno a la condición de los animales resguardados.
No obstante, en ese contexto, autoridades de la Ciudad de México ejecutaron un operativo de aseguramiento y traslado masivo de animales, acción que debe sujetarse estrictamente a los principios de legalidad, fundamentación, motivación, proporcionalidad y debido proceso.
Posterior al operativo, se generó una falta de información pública suficiente y verificable respecto al número exacto de animales asegurados, su paradero, estado de salud, condiciones de resguardo y destino final, lo que vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Por ello, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla subrayó que resulta jurídicamente procedente y políticamente necesario que las autoridades competentes informen, justifiquen y transparenten sus actuaciones, y que se adopten medidas institucionales que aseguren que ningún conflicto legal o inmobiliario vuelva a resolverse en detrimento del bienestar animal ni de la confianza ciudadana.