Por Victor Barrera 
La diputada federal Graciela Ortiz González solicitó a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de instancia coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, remitir un informe detallado, desagregado y verificable de los avances de la armonización e implementación de los artículos transitorios del decreto en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.
A través de un Punto de Acuerdo dirigido a la Comisión Permanente, la legisladora argumentó que los plazos establecidos en los artículos transitorios del decreto ya han vencido o se encuentran en su fase final de cumplimiento, particularmente en lo relativo a la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la armonización de las legislaciones estatales y la integración de los registros de panteones, fosas comunes, crematorios y servicios funerarios al Sistema Nacional de Búsqueda.
Por esta razón, subrayó que estas obligaciones no son opcionales ni programáticas: son mandatos legales vigentes cuyo cumplimiento es condición indispensable para que el Estado mexicano pueda ejercer de manera efectiva sus funciones de búsqueda, identificación y acceso a la verdad.
La congresista del PRI afirmó que dada la trascendencia humana, jurídica y social del fenómeno de la desaparición de personas, el Congreso de la Unión no puede ni debe permanecer ajeno al grado real de implementación de estas reformas. “En un país con más de cien mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar, el incumplimiento de estos transitorios no es una falta administrativa: es una violación continuada a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias”, enfatizó.
Insistió que el Congreso no puede permitir que una reforma que prometió verdad, coordinación y tecnología se convierta en una simulación burocrática.
Por lo anterior, la representante del PRI puntualizó que la Secretaría de Gobernación debe informar sobre el estado de operación de la Plataforma Única de Identidad y su vinculación efectiva con el Sistema Nacional de Búsqueda; la implementación y funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, así como las acciones de coordinación, supervisión y verificación realizadas para garantizar que las entidades federativas y los municipios cumplan con dichas obligaciones.
También exhortó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a informar si la Base Nacional de Carpetas de Investigación se encuentra plenamente disponible, operativa y en uso conforme a los plazos legales. Indicó que se debe señalar el porcentaje de fiscalías locales y especializadas que han integrado su información dentro de los plazos establecidos; y el estado de actualización, interoperabilidad y cobertura del Banco Nacional de Datos Forenses, en términos del Séptimo Transitorio.
Asimismo, pidió a los congresos de las entidades federativas que informen si han cumplido con la armonización de su legislación local en materia de desaparición de personas, conforme al Cuarto Transitorio del decreto y si han implementado en su marco jurídico el contenido del decreto, en particular lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General, así como las reformas realizadas para regular panteones, cementerios, crematorios, fosas comunes y servicios funerarios.
La diputada Graciela Ortiz sostuvo que exigir cuentas sobre la implementación de estas reformas es un deber constitucional frente a las madres, padres y familias que siguen buscando a quienes el Estado aún no ha sido capaz de encontrar.