Por Victor Barrera 
La diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, con una implementación progresiva en un plazo de tres años, conforme a lo que establezca la Ley Federal del Trabajo. La propuesta, dijo, garantiza que esta reducción no afecte el salario ni las prestaciones de las personas trabajadoras.
Al explicar su iniciativa de reforma a la fracción I del Apartado A del artículo 123 constitucional, la legisladora subrayó que es indispensable una aplicación gradual y dialogada, acompañada de apoyos fiscales y ajustes sectoriales que aseguren la viabilidad económica.
Destacó que la reducción de la jornada laboral promoverá mejores condiciones de vida para las y los trabajadores, al traducirse en más tiempo de descanso semanal, destinado a la recreación, la salud, la convivencia familiar y el ocio.
Señaló que México se encuentra rezagado en materia laboral, tanto en legislación como en práctica, pese a que diversos modelos internacionales han demostrado que la reducción de horas no afecta la productividad. Recordó que el país mantiene un marco legal heredado de principios del siglo XX y que la discusión para pasar de 48 a 40 horas semanales continúa estancada.
La congresista del PRI enfatizó que la evolución del mundo laboral exige proteger la salud y seguridad de los empleados, garantizando un tiempo de trabajo proporcionado. Para ello, consideró indispensable contar con un marco jurídico sólido y acuerdos colectivos que respalden la conciliación entre vida privada y laboral, así como la autonomía en la gestión del tiempo.
En el caso de Nuevo León, estado que representa, González González resaltó que la reducción a 40 horas semanales implica beneficios como un mejor equilibrio vida-trabajo y mayor bienestar para los empleados. Recordó que la entidad es un pilar fundamental del empleo formal en México: en el primer trimestre de 2025 generó el 15.8 por ciento de los nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.
Asimismo, Nuevo León mantiene la tasa de informalidad laboral más baja del país, con 33.7 por ciento de su población ocupada en la informalidad, frente al promedio nacional de 54.8 por ciento. Esto se traduce en mayor certeza laboral, acceso a seguridad social y prestaciones de ley.