México ocupa el tercer lugar en América Latina en casos de abusos sexuales contra mujeres, toda vez que en promedio, son 58 las víctimas diarias que padecen esta problemática. Apenas, durante el primer semestre del año pasado se reportaron unas diez mil denuncias en la materia, lo que revela una persistente crisis que para 2026, no parece ser distinta.
Aunque los casos de abuso sexual son generalizados, las principales víctimas son mujeres menores de edad; de acuerdo con cifras oficiales de 2023, más de 92 por ciento de las víctimas reportadas de entre 1 y 17 años fueron del género femenino, en tanto, de los casos atendidos, fueron adolescentes entre 12 y 17 años de edad.
Por otro lado, en 2024 se atendieron más de 8 mil infantes con lesiones sexuales, de esos casos, 92 de cada cien fueron mujeres, según datos preliminares de la Secretaría de Salud; mientras que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, estimó que 12.4 millones de mujeres mayores de 15 años admitieron haber sufrido violencia sexual en su infancia.
En ese sentido, la Diputada del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro, Mónica Sandoval, inscribió una iniciativa para modificar el Código Penal Federal en materia de prevención y atención del abuso sexual.
El proyecto de decreto busca adicionar un artículo 260 Bis, para obligar al Estado a crear Centros de Atención integral para Víctimas de Abuso Sexual de cobertura nacional, con atención médica inmediata y especializada, apoyo psicológico con perspectiva de género y Derechos Humanos, asesoría jurídica gratuita para el acceso a la justicia, además de programas de reintegración social y medidas de no repetición.
La propuesta faculta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para coordinar la operación de dichos centros, desde luego, en colaboración estrecha con autoridades locales de las entidades federativas.
Para la Diputada, Mónica Sandoval, en nuestro país la violencia sexual ha mostrado una tendencia creciente en las últimas dos décadas, colocándose como un serio problema de salud pública y un padecimiento crónico en materia de seguridad, pues en lugar de bajar, los casos se han triplicado en años recientes. Pese a ello, apenas poco más de 5 de cada cien mujeres violentadas acuden a las autoridades a interponer una denuncia, es decir, existe una cifra negra estimada en más de 94 por ciento.
En 2011 se llevó a cabo la Reforma de Derechos Humanos, con lo que se obliga al Estado a destinar los recursos necesarios y a celebrar juicios justos para una adecuada reparación de los daños, pero hasta el momento los resultados no han sido los esperados, principalmente en materia de salud socioemocional.
Derivado de los abusos, las víctimas enfrentan múltiples dificultades físicas, psicológicas y sociales de largo plazo, que afectan su capacidad para continuar con su vida cotidiana. En ese sentido, 94 por ciento de las mujeres afectadas desarrollaron altos niveles de depresión, ansiedad y trastornos de la personalidad, sentimientos de culpa y vergüenza.
De esta manera, Mónica Sandoval Hernández refrenda su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, y reitera que continuará levantado la voz para garantizar mejores condiciones de vida.

