Por Victor Barrera 
El Senado argentino aprobó el jueves una reforma laboral considerada crucial para el programa del presidente Javier Milei, tras horas de debate y con una protesta masiva en las calles en contra del proyecto.
Miles de personas movilizadas por los influyentes sindicatos y partidos de oposición llenaron el miércoles una plaza céntrica de Buenos Aires, donde cortaron el tráfico y chocaron con la policía mientras continuaba la larga sesión parlamentaria. Al menos 15 personas fueron detenidas.
La reforma propone modernizar las relaciones de trabajo y reducir el poder de los sindicatos y los costos laborales. Con el fin de asegurarse los 37 votos necesarios para su aprobación en el Senado, el oficialismo –que cuenta con 20 senadores propios– accedió a modificar algunos artículos a pedido de la oposición.
La medida salió adelante a diferencia de otras iniciativas que naufragaron en la cámara después de que el oficialismo diera por descontado el apoyo de otros bloques. El texto pasará ahora a la Cámara de Diputados, que lo debatirá en marzo y podría hacer enmiendas o revocar partes del proyecto.
«Es la reforma más importante de los últimos 50 años», destacó la senadora Patricia Bullrich, líder del bloque del partido oficialista La Libertad Avanza.
En torno a la 1:30 de la madrugada, los senadores aprobaron de forma preliminar la propuesta por 42 votos a favor y 30 en contra, después de 13 horas de debate. El resultado daba una victoria inicial a Milei que refleja el aumento de su apoyo en el congreso y una estrategia legislativa más pragmática del libertario radical. Tras la aprobación general, los senadores comenzaron la larga votación artículo a artículo.
Aunque hubo actualizaciones, la normativa laboral vigente rige desde mediados de la década de 1970. Dictaduras militares y gobiernos de distinto signo político fracasaron en sus intentos por introducir cambios profundos en un mercado laboral en el que actualmente casi la mitad de los trabajadores son informales.
Envalentonado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre, que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso, Milei propuso un nuevo régimen laboral que entre sus puntos principales redefine la base de cálculo de las indemnizaciones y limita el derecho a la huelga.
Algunas propuestas iniciales que amenazaban con llevar a la quiebra a los sindicatos, como una que requería que los empleados se inscribieran de forma voluntaria, en lugar de que las cuotas de miembros se deduzcan de forma automática, fueron suavizadas en la versión final aprobada de madrugada.
«La legislación laboral por sí sola no crea empleo. La generación de trabajo depende de muchos factores. Pero es clave empezar por un marco normativo previsible que permita revertir más de 15 años sin crecimiento del empleo privado formal. Esta ley es el inicio del cambio», destacó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, antes del inicio del debate.
La UIA y otras entidades empresariales reclaman desde hace tiempo bajar los costos laborales. La reforma es también una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un programa de ayuda financiera que firmó con Argentina el año pasado.
«No es modernización, es ajuste sobre las y los trabajadores», advirtió la CGT, y convocó a movilizarse frente al Congreso.
A pocas horas de iniciada la sesión, comenzaron los incidentes en las calles aledañas al Parlamento entre agentes federales y los primeros asistentes a la movilización contra la reforma, la cual fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la histórica central gremial del país.
La policía dispersó con cañones de agua a un grupo de manifestantes que intentaron tumbar el vallado que rodea al Congreso. Varios de ellos, que portaban banderas de agrupaciones de izquierda, respondieron arrojando piedras y bombas incendiarias.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que al menos tres efectivos de la Gendarmería Nacional y un policía federal resultaron heridos. En tanto, el alcalde de Buenos Aires indicó que al menos 15 personas fueron detenidas tras los enfrentamientos entre la policía y manifestantes frente al Congreso.
Por su parte, el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, confirmó que reparar los daños ocasionados cerca del Congreso costará 270 millones de pesos. Los destrozos incluyeron la rotura de baldosas, grafitis en las veredas y el deterioro de 500 metros cuadrados de césped, agregó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales referentes del peronismo opositor, participó en la movilización.
«Si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador», declaró Kicillof a Radio con Vos.
Desde el gobierno, distintos funcionarios utilizaron sus cuentas en la red social X para denunciar los hechos de violencia afuera del Congreso. Milei compartió un video en el que se observa a manifestantes con los rostros cubiertos y portando un bidón de combustible, presuntamente para fabricar bombas molotov.
«A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes, ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA (siglas en inglés de ‘Hagamos a la Argentina grande nuevamente’)», declaró el derechista Milei.
El ministro del Interior, Diego Santilli, condenó la violencia frente al Congreso. «Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados», manifestó Santilli. «Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes (trabajadores) y el choreo (robo) de la industria del juicio» en el sector laboral, enfatizó.
Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, calificó a los manifestantes violentos de ser «terroristas» y «la izquierda cavernícola».
Según la central sindical, el proyecto «transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias» al reducir cargas sociales que pagan los empleadores por sus trabajadores.
La tasa de informalidad laboral en Argentina es de 43,2%, según los últimos datos oficiales. Los expertos en mercado laboral sostienen la necesidad de una modernización de la legislación que contemple las nuevas formas de empleo, como el trabajo remoto o de aplicaciones, y que permita financiar el sistema previsional, hoy en crisis por la gran cantidad de trabajadores informales que no aportan a ese régimen.