Por Victor Barrera 
La diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, a fin de garantizar la atención integral a la salud mental y emocional en los planteles educativos del país.
En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que México enfrenta “una crisis silenciosa pero profunda” en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes, reflejada en el incremento de la violencia escolar, la depresión y el suicidio juvenil. Señaló que actualmente sólo 1.4 por ciento de las escuelas primarias y secundarias públicas cuentan con psicólogos en su plantilla, lo que deja a millones de estudiantes sin acompañamiento profesional oportuno.
“La falta de servicios psicológicos, la insuficiente detección de riesgos y la ausencia de espacios seguros para el diálogo emocional” evidencian un vacío institucional que debe ser atendido con urgencia.
La iniciativa plantea reconocer expresamente en la Ley General de Educación que el bienestar mental y emocional es condición indispensable para el aprendizaje y la convivencia pacífica. Para ello, propone la creación de un Capítulo IV Bis denominado “De la Salud Mental y Bienestar Emocional en los Planteles Educativos”, así como el establecimiento del Programa Nacional de Atención Psicoemocional Escolar, a cargo de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud.
Entre los objetivos centrales se encuentra garantizar programas permanentes de promoción, prevención, detección temprana y canalización de casos de riesgo; implementar evaluaciones psicoemocionales periódicas con carácter confidencial y preventivo; y asegurar que, de manera progresiva, las escuelas de educación básica y media superior cuenten con personal especializado en psicología, trabajo social o áreas afines.
Asimismo, se contempla la capacitación permanente del personal docente y directivo en salud mental, prevención del suicidio, mediación escolar y primeros auxilios psicológicos, a fin de garantizar que se tenga una correcta reacción para que las alimnas y alumnos puedan recibir acompañamiento de acuerdo a sus necesidades particulares.
La diputada subrayó que “no se trata solo de castigar la violencia o reaccionar ante las tragedias, sino de prevenirlas. De construir escuelas que acompañen, escuchen y protejan”. En ese sentido, enfatizó que la reforma permitirá detectar oportunamente casos de riesgo, reducir los índices de suicidio y violencia escolar, mejorar la convivencia y el rendimiento académico, así como avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, salud y educación inclusiva.
Con estas modificaciones, se busca armonizar el derecho a la educación y a la protección de la salud, reconocidos en los artículos 3º y 4º constitucionales, mediante una coordinación efectiva entre autoridades educativas y de salud. “Es indispensable que el Estado mexicano asuma la salud mental escolar como un componente esencial del derecho a la educación y del derecho a la salud”, afirmó la legisladora.
El decreto prevé que, una vez aprobado, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud emitan los lineamientos generales del programa en un plazo de 180 días, y que las autoridades educativas locales garanticen, en un máximo de tres años, la presencia de personal especializado en al menos el 50 por ciento de los planteles públicos de educación básica y media superior.