Por Victor Barrera 
La diputada morenista, Elizabeth Mateos Hernández, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear un “Registro de personas sentenciadas por violencia contra las mujeres”, un padrón con consulta pública y acceso restringido para autoridades que, según la propuesta, funcionaría como herramienta preventiva.
El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.
Desde tribuna, la legisladora explicó que la medida busca “fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres” y afirmó que responde a una prioridad estatal para actuar “con legalidad, con perspectiva de género y en plena congruencia con los principios de la Cuarta Transformación”.
La propuesta contempla dos niveles de acceso. El primero, público, difundirá únicamente nombre, alias y fotografía de la persona sentenciada, sin domicilio ni datos sensibles; el segundo, restringido, incluiría información ampliada exclusivamente para autoridades bajo reglas de resguardo.
La diputada precisó que el registro no incorporará datos de víctimas y que su principio rector será su protección: “El registro no puede, ni debe, convertirse en un espacio de revictimización; su objetivo es prevenir y proteger”.
Y defendió que, de aprobarse, el padrón tendría impacto en la vida cotidiana: “Si esa mujer consulta el registro y encuentra que esa persona aparece con antecedentes de violencia contra nosotras las mujeres, ese dato puede ayudarle a tomar decisiones a tiempo”.
Como sustento, citó estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales una de cada tres mujeres en la región de las Américas ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o por terceros.
La morenista refirió que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.
En el ámbito local, señaló que entre enero y agosto de 2025 se registraron 49 mil 785 llamadas al 9-1-1 relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres, “un dato que no sustituye denuncias, pero sí refleja el uso del 911 como canal inmediato de auxilio y la necesidad de seguir fortaleciendo la prevención y la atención”.
La iniciativa retoma antecedentes legales y administrativos: el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), el Registro Público de Agresores Sexuales en la Ciudad de México y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 187/2020 y su acumulada 218/2020 sobre proporcionalidad y protección de derechos.