Por Victor Barrera 
El diputado federal Federico Döring Casar presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva ampliación de la denuncia previamente interpuesta por hechos que podrían constituir delitos como delincuencia organizada, tráfico ilícito de hidrocarburos (huachicol), contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El legislador solicitó que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sea citado a comparecer ante el Ministerio Público para aportar información y documentación que pueda resultar relevante en la investigación, particularmente respecto de posibles responsabilidades de servidores públicos y operadores políticos.
Döring precisó que esta ampliación forma parte de un procedimiento legal iniciado con anterioridad y que el expediente ya incluye una ampliación previa —no hecha pública en su momento— relacionada con hechos ocurridos en el estado de Tamaulipas, entidad considerada estratégica en las operaciones vinculadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.
En esa ampliación se incluyó a servidores públicos y exservidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a autoridades estatales, municipales y particulares, por su posible omisión, falta de actuación o encubrimiento frente a operaciones presuntamente relacionadas con el huachicol. Entre los señalados se encuentran los ex titulares de la UIF, Pablo Gómez Álvarez y Santiago Nieto Castillo, además de diversos funcionarios y agentes aduanales cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por la autoridad ministerial.
El diputado subrayó que la denuncia también contempla posibles vínculos con personas cercanas al poder presidencial, por lo que corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos con plena independencia.
“Cuando existen indicios de delitos tan graves como el huachicol, la obligación es ampliar la información y acudir a la Fiscalía. Nadie puede quedar fuera del alcance de la ley, independientemente de su cargo, su cercanía con el poder o su apellido.”
Döring afirmó que la acción presentada no responde a confrontaciones partidistas, sino al deber constitucional de exigir rendición de cuentas y combatir la impunidad.
“La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios. México necesita investigaciones a fondo y sin protección para nadie”, concluyó.