Por Victor Barrera 
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) celebró el amparo 1408/2025, concedido el 6 de febrero pasado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por la madre de una niña con diabetes, frente a la omisión de las autoridades federales de modificar la Norma Oficial Mexicana NOM 015 SSA2 2010 para incorporar una diferenciación detallada entre diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional.
Sostuvo que este hecho constituye un parteaguas porque, por primera vez, el Poder Judicial estipula un plazo perentorio, que es el mes de diciembre, para que el Ejecutivo acate este mandato y actualice la NOM-015.
“El amparo que hoy anunciamos es un parteaguas, es la prueba de que cuando las organizaciones de la sociedad civil, las personas con diabetes, sus familias, los legisladores y los medios de comunicación caminamos juntos, el Estado ya no puede seguir volteando la cara hacia otro lado”, sentenció.
En rueda de prensa, el secretario de la Comisión de Salud refirió que, durante años, el PAN ha presentado exhortos para que el Poder Ejecutivo reconozca y atienda de manera diferenciada los tres tipos de diabetes.
“No ha sido un tema de política, sino de justicia y de dignidad humana. Este amparo le dice con toda claridad al Gobierno Federal: ya no basta con buenas intenciones, es obligación del Estado garantizar los mínimos de calidad en la atención de diabetes. Y eso empieza por reconocer que no es lo mismo una niña con diabetes tipo 1, un adulto con diabetes tipo 2 o una mujer con diabetes gestacional. Cuando el sistema no distingue, se equivoca y cuando se equivoca, las consecuencias se miden en complicaciones, en hospitalizaciones, en años de vida perdidos y en familias enteras endeudadas”.
Ramírez Barba reconoció y agradeció la labor del Consejo Nacional de Litigio Estratégico y de las asociaciones que conformaron a México en una sola voz en defensa de las personas con diabetes; han acompañado historias de dolor, de frustración, pero también de un enorme valor para exigir sus derechos frente a un sistema que muchas veces les ha dado la espalda.
Además, destacó el compromiso de las y los diputados de su partido que no se han cansado de insistir, que han elevado la voz en la tribuna, que han transformado la experiencia de pacientes en iniciativas, en reformas y en puntos de acuerdo, así como el trabajo de los medios de comunicación que han ayudado a que el país comprenda que la diabetes no es solo una cifra epidemiológica, es un golpe al ingreso de las familias, a la economía nacional, a la productividad, a la salud emocional de quienes conviven todos los días con el miedo a una complicación más.
“Este amparo obliga al Estado a moverse, pero también nos obliga a seguir vigilantes, a revisar cada avance de la norma, a escuchar a los pacientes, a acompañar a los profesionales de la salud y a todos aquellos innovadores en materia de salud que quieren hacer mejor su trabajo y a no permitir que los plazos vuelvan a convertirse en excusas. La actualización de la norma no es un favor, es una deuda con millones y millones de familias con diabetes mellitus”, aseveró.
Por su parte, Alejandro Martínez, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, subrayó que este juicio constituye un precedente importante y ejemplo claro de que el Poder Judicial puede apoyar, no únicamente a las personas que acuden a juicio, sino a muchas otras, ya que un resultado como este, que impulsa nuevas modificaciones legales, beneficia no solo a la persona quejosa, sino a todos y todas.