Por Victor Barrera 
La diputada federal, Mónica Sandoval Hernández, promovió una iniciativa para modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de procurar su protección ante el riesgo de violencia vicaria.
La legisladora considera que además de “Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad, a través de la crianza positiva”, el Artículo 103 de la referida legislación debe sentenciar que los menores de edad deberán estar protegidos contra la violencia vicaria, como esfuerzo para combatir esta problemática que hasta 2023, afectaba a más de 20 mil personas.
Aunque en nuestro país se han dado importantes avances para conseguir que las mujeres vivan libres de cualquier tipo de violencia, hasta el momento no se ha conseguido armonizar las legislaciones locales en la materia, pese a que el Artículo 4° constitucional, establezca el Interés Superior de la Niñez en todas las decisiones del Estado mexicano.
Según el reporte de violencia familiar contra la niñez en México 2010-2023, dado a conocer por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los casos de atención hospitalaria a personas de 1 a 17 años se incrementaron más de 592 por ciento, para 2023 la cifra registrada fue de 20 mil 585 casos, es decir, la tercera más alta desde que iniciaron los registros en 2010.
De acuerdo con la iniciativa impulsada por la Diputada, Sandoval Hernández, la violencia vicaria deja secuelas a largo plazo en la salud mental y desarrollo emocional de las infancias, lo que entorpece su pleno desarrollo.
“…las niñas y niños son manipulados para odiar a la madre, son testigos de agresiones o, en casos extremos, son víctimas de homicidio a manos del progenitor como acto final de venganza”, expone.
Históricamente, sostiene, el Estado mexicano ha fallado al considerar los asuntos familiares como privados, en detrimento de la niñez y como elemento que perpetúa el control machista, lo que obliga a elevar la discusión y las acciones legislativas a nivel de prioridad nacional para evitar que el sistema judicial sea cómplice involuntario de los agresores mediante sentencias emitidas sin perspectiva de género, con las que se otorga la custodia a padres violentadores, quienes siembran odio hacia la madre.
A largo plazo, los daños emocionales impiden al individuo desarrollarse plenamente y erosiona el tejido social, ya que esas prácticas tienden a replicarse.