Por Victor Barrera 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 415 votos a favor, el dictamen de las iniciativas que impulsaron el coordinador Rubén Moreira Valdez y del diputado federal Miguel Alonso Reyes, para adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado.
El legislador del PRI señaló que las cifras son contundentes. Indicó de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, se estima que entre 140 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados y conforme a la organización Tejiendo Redes Infancia, cada año son reclutados entre 35 mil y 45 mil menores de edad. “Las organizaciones criminales han encontrado terreno fértil ante esta laguna legislativa y por ende la pasividad de las autoridades”, agregó.
Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, Miguel Alonso Reyes aseguró que esta realidad es alarmante y no se puede seguir enfrentando con vacíos legales. Advirtió que miles de menores están en riesgo y que el Estado tiene la obligación de actuar para proteger a la infancia.
Expuso que el dictamen cobra especial relevancia, pues pretende reformar el artículo 201 del Código Penal Federal a fin de castigar la corrupción de menores. Sin embargo, precisó, que referirse al reclutamiento forzado, no es hablar de cifras frías, es hablar de familias fracturadas, de madres buscadoras, de infancias arrancadas de su entorno, de niñas y niños a quienes se les roba el futuro antes de haber tenido la oportunidad de construirlo.
“Hoy esta conducta no está claramente tipificado como delito autónomo y específico en nuestro marco legal, lo que constituye una grave omisión del Estado mexicano, que perpetúa la impunidad y fortalece la delincuencia organizada”, enfatizó.
Reiteró que el PRI está a favor de este dictamen porque representa un avance, pero insistió en que el reclutamiento forzado de menores sea tipificado como un delito autónomo y específico, para cerrar los espacios a la delincuencia y garantizar la protección de la niñez mexicana.
En el dictamen aprobado, se incluye la iniciativa del coordinador Rubén Moreira para establecer que quien, por medio del engaño, la extorsión, el maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado, donde se proponía castigar con una pena de entre 15 y 30 años de prisión, y cuando la víctima sea menor de 18 años la pena se incrementará al doble.
También establecía imponer una pena de entre 20 y 60 años a quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar de manera voluntaria o forzada en organizaciones criminales, terroristas o del crimen organizado.
En su texto, el coordinador afirmó que el fenómeno de uso de niños en actividades delictivas se debe en buena medida a la falta de oportunidades y de la incapacidad por parte del gobierno para garantizar los derechos de la niñez. “Se trata de un fenómeno grave que no es de ninguna manera nuevo, sino que es común en zonas de conflicto armado”, enfatizó.