Por Victor Barrera 
Sepa la Bola
Claudia Bolaños
Los que siguen sin leer el momento político que se vive en el país son el consejero Arturo Castillo y la consejera Carla Humphrey, quienes en plena discusión de la reforma electoral y en medio de un ambiente de tensión institucional, prefieren poner en entredicho el trabajo que realizará Talleres Gráficos de México en la producción de la credencial para votar a partir de junio.
El argumento que han esgrimido es la necesidad de extremar cuidados en el proceso, particularmente por la presencia de ese organismo dentro de la propuesta conjunta que resultó ganadora de la licitación. Talleres Gráficos de México participa asociado con dos empresas especializadas para la producción de la credencial electoral, esquema plenamente permitido por las reglas de contratación pública.
El proceso de licitación fue revisado por las áreas técnicas del Instituto Nacional Electoral y se condujo conforme a los procedimientos institucionales. Sin embargo, lo que parece incomodar a algunos consejeros no es el procedimiento, sino la presencia de Talleres Gráficos de México por su carácter de organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
Ahora resulta que algunos se muestran particularmente puristas cuando se trata de esta licitación. Llama la atención, porque durante décadas ha sido precisamente Talleres Gráficos de México la institución que imprime las boletas electorales federales, uno de los insumos más sensibles de cualquier elección organizada por el Instituto.
Si durante años nadie dudó de su capacidad para imprimir las boletas electorales —pieza central de la certeza del voto—, resulta difícil entender por qué ahora algunos consejeros deciden poner bajo sospecha su participación en la producción de la credencial para votar.
Porque al final, más que una discusión técnica, lo que queda es la impresión de un purismo selectivo que llega tarde: justo cuando el propio Instituto atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su historia.
Y Sepa La Bola quién autorizó, quién permitió o quién dejó pasar la instalación de numerosos anuncios en la vía pública de la Ciudad de México. Lo cierto es que gran parte de ese mobiliario publicitario opera fuera de norma e invade banquetas, camellones y espacios públicos.
El caso de los paneles retirados de la zona de San Lorenzo y reubicados en el parque Tlacoquemécatl volvió a encender las alertas entre vecinos, quienes denuncian que se trata de estructuras de publicidad ilegal instaladas sin cumplir los procedimientos establecidos por la normativa urbana.
Estos muebles, presentados como mobiliario urbano —algunos incluso con contenedores para desechos de mascotas— funcionan en realidad como soportes de publicidad comercial y no aparecen registrados en la plataforma de publicidad exterior de la Secretaría de Planeación, conocida como Metrópolis.
El episodio refleja un problema recurrente: cuando un punto se vuelve conflictivo, las estructuras simplemente se retiran y se colocan en otro sitio, por lo que la publicidad ilegal no desaparece, solo cambia de esquina en la ciudad.