Por Victor Barrera 
Ante la grave y creciente ola de violencia y ejecuciones que azota al Istmo de Tehuantepec, particularmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y la Iniciativa Privada exigieron la presencia inmediata de las fuerzas federales para reestablecer el orden, la seguridad y la gobernabilidad de la región.
El Grupo Empresarial y Comercial del Istmo emitió un pronunciamiento público donde resalta que “ante la grave y creciente ola de violencia que se ha intensificado de manera alarmante en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación”.
Consideran que las recientes ejecuciones “no solo vulneran la seguridad de las familias, sino que generan daños irreparables en el desarrollo psicológico de la niñez, deterioran el tejido social y afectan gravemente la actividad económica de nuestra región”.
Hicieron hincapié que “la situación ha rebasado los límites tolerables por lo que exigieron la intervención permanente de las fuerzas federales, en particular de la Defensa y de la Marina, con el objetivo de reestablecer el orden y la seguridad.
Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para no normalizar la violencia bajo ninguna circunstancia, al contrario, es el momento de actuar con responsabilidad colectiva y unirse en una exigencia legítima por la paz, el desarrollo y la estabilidad que merecen.
Antes, la Sección 22 expresó su más enérgica condena e indignación ante los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Juchitán, donde sujetos armados irrumpieron en las instalaciones del preescolar “Luz María Serradell” y privaron de la vida a un padre de familia en pleno festival de la primavera, atentando no solo contra una vida, sino contra la tranquilidad y el tejido comunitario de nuestras escuelas.
Consideran que “este lamentable acontecimiento evidencia la grave crisis de seguridad que se vive en el estado de Oaxaca, misma que no puede ser minimizada ni considerada como un hecho aislado o propio de una sola región, sino como una problemática estructural que vulnera a todas las comunidades y pone en riesgo permanente a niñas, niños, docentes y familias”.
Ante ello, la Sección 22 exigen de manera inmediata a las autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— asumir su responsabilidad para garantizar condiciones reales de seguridad en los centros educativos, implementando acciones efectivas que salvaguarden la integridad de quienes diariamente construyen la educación en nuestros pueblos.
“El magisterio democrático sostiene que las escuelas deben ser espacios de paz, aprendizaje y convivencia comunitaria, no escenarios de violencia e impunidad. Resulta inaceptable que, en actividades escolares, como lo es un festival de la primavera, se vean irrumpidas por actos criminales que dejan consecuencias irreparables”, puntualizó.
De igual forma, hicieron un llamado a fortalecer la organización comunitaria, la participación colectiva y la defensa de los espacios educativos como territorios de vida, frente a un contexto de descomposición social que ha sido alimentado por la omisión, la impunidad y la falta de políticas públicas efectivas en materia de seguridad.
Estos pronunciamientos se enmarcan en las 14 ejecuciones registradas en lo que van del mes de marzo en Juchitán y particularmente al caso de ocurrido en el interior de un kínder mientras se realizaba un festival de primavera y al ataque en un domicilio donde murió una mujer y tres más resultaron heridas, entre ellas una menor de 3 años.
Aunado a ello, el Grupo Empresarial y Comercial del Istmo denunció que, en el último año, al menos un 15% de los establecimientos comerciales en Juchitán cerraron temporal o definitivamente debido a extorsiones, amenazas o riesgos operativos por la violencia generada por el crimen organizado, y que más del 30% de los establecimientos registraron caídas en sus ingresos.
Mientras que “las actividades comerciales, de transporte y de servicios se encuentran severamente limitadas. La reducción de horarios, la cancelación de rutas y la baja afluencia de clientes han provocado pérdidas económicas millonarias, impactando tanto a pequeños comercios como a empresas consolidadas.”
“Hoy, no solo han sido testigos de hechos delictivos en la vía pública, sino que, de manera alarmante, existen casos en los que estos actos han ocurrido en entornos escolares, generando miedo, ansiedad y afectaciones emocionales que comprometen su desarrollo integral. Esta normalización de la violencia en espacios que deberían ser seguros representa una grave herida para el tejido social”, puntualizaron.
De igual forma, la Comunidad Médica del Istmo también externó su preocupación por la violencia sin control en el municipio de Juchitán, por lo que instaron a las autoridades de los tres niveles actuar de manera inmediata para frenar la situación que ya está afectado física y psicológicamente a la niñez.