Por Victor Barrera 
La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el próximo 15 de abril presentará el plan estratégico de procuración de justicia en el Senado y al Ejecutivo.
Durante la mañanera adelantó que se trata de una ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en México, estableciendo penas y protocolos de actuación con perspectiva de género, garantizando justicia y reparación integral para las víctimas y fortaleciendo la coordinación institucional.
La ley establece nueve razones de género relacionadas con la violencia hacia las mujeres, como lesiones degradantes, antecedentes de violencia y relaciones de poder. Prevén penas de 40 a 70 años de prisión por estos delitos, con sanciones reducidas en caso de tentativa. Además, se contempla la posibilidad de multas en UMAS.
“La estructura de la ley. Se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencia, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, incomunicación o estado de indefensión de la víctima. Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión, y se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta dos terceras partes”.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que todas las fiscalías del país tendrán una ley que permita acabar con la impunidad de feminicidio y establecer políticas para prevenirlo.
Se busca establecer un nuevo tipo penal que reconozca nueve razones de género relacionadas con la violencia, como violencia sexual, lesiones degradantes y antecedentes de violencia. La pena oscila entre 40 y 70 años de prisión, con sanción para la tentativa de entre la mitad y dos terceras partes de la pena original, incluyendo multas y 21 agravantes.
“El tipo penal. Se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, relaciones de poder o subordinación, incomunicación o exposición del cuerpo de la víctima. Se establece pena de 40 a 70 años, sanción de tentativa, multas en UMAS y 21 agravantes”.
La presidenta resaltó la obligación del ministerio público de investigar la muerte de cualquier mujer con violencia como feminicidio.
“Con esta ley ya no se dará omisión, porque está obligado el ministerio público a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer. Esto significa que hubo un homicidio por el hecho de ser mujer. Si la muerte no tiene relación con el género, la investigación lo determinará después. Pero cualquier muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el inicio”.