Por Victor Barrera 
EN MI OPINIÓN
Por los caprichos de un hombre, al que le importan más sus pactos y cuates que la nación, es que gobernadoras como Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, o gobernadores como Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, de Sinaloa y Tamaulipas respectivamente, aún permanecen en sus cargos, aún y cuando son señalados por propios y extraños como narcogobernadores.
Claudia Sheinbaum Pardo sabe que los tres se la jugaron a favor del actual senador Adán Augusto López y no por ella, pero Andrés Manuel López Obrador la tiene cercada y limitada, y toda decisión importante en el gobierno federal es consultada con él y por ello sujeta a su aprobación.
El caso de la aún gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que alejada o huérfana de la reflexión y carente de oficio y pericia política, rompió el “pacto de no agresión” que habían hecho el exgobernador Jaime Bonilla y ella, decidió irse por la libre y pretende encarcelar a su antecesor.
Aquel pacto que señalo, fue durante un encuentro que sostuvieron ante la presencia del diputado federal Leonel Godoy y del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, en el que el michoacano iba con la instrucción de la presidenta de sentarlos para zanjar diferencias “por el bien del Movimiento”, tema que dimos a conocer en exclusiva en este espacio, el 7 de agosto del año pasado.
En aquella ocasión, la gobernadora le pedía a Bonilla Valdez interviniera con su amigo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para que les devolvieran a ella y a su entonces aún esposo, Carlos Torres, sus respectivas visas.
Jaime Bonilla pedía a cambio que dejara de perseguir a sus excolaboradores, pero como ella no aceptó, él no intervino ante el gobierno norteamericano.
Hoy vemos que el conflicto ha escalado ya no a un tema personal sino a uno entre dos partidos políticos que se suponían aliados, Morena y el PT, del que Bonilla es representante en la entidad bajacaliforniana, lo que pone en riesgo la continuidad del partido guinda en el estado.
El tema, tan desaseado y aún sin la intervención de la señora presidenta, está escalando a niveles insospechados y la respuesta de Jaime Bonilla vendrá muy pronto, en el mes de abril, cuando desde el gobierno Republicano de Estados Unidos, soliciten formalmente al gobierno de México, la detención, con propósitos de extradición, de Carlos Torres y de su hermano Luis Alfonso, ex esposo de la gobernadora y ex cuñado de la misma respectivamente, a quienes acusarán de ser miembros de la delincuencia organizada como integrantes activos de cárteles de la droga.
Así también, y para buscar mejorar la hoy ríspida relación entre ambos países en los acuerdos bilaterales que México y Estados Unidos tienen en proceso, harán la sugerencia al gobierno mexicano, de que sería “muy conveniente” la separación del cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la incautación de bienes y cuentas bancarias de ella y de Carlos Torres, por “provenir de actividades delictivas”.
Jaime Bonilla Valdez tiene la doble nacionalidad y es miembro activo del Partido Republicano. Su cercanía con Marco Rubio es real y no se va a quedar cruzado de brazos ante la persecución de la que es objeto por parte de Ávila Olmeda.
Morena en Baja California pasará por momentos sumamente complicados, porque no se ve que el pleito entre ambos personajes se vaya a acabar y terminará por implosionar, lo que provocará que tanto el PT como el partido de López Obrador, vayan en solitario con sus respectivos candidatos al gobierno del estado y a las siete alcaldías.
Para Tijuana, como lo apuntara en su columna política Ramón Zurita hace unos días, si Jaime Bonilla se decide a competir, difícilmente le arrebatarían el triunfo.
Para el gobierno del estado, en el Partido del Trabajo ven con simpatía a Montserrat Caballero, quien fuera alcaldesa de esa misma ciudad fronteriza, la más transitada del planeta, a quien por cierto Marina del Pilar Ávila Olmeda no puede ver ni en pintura.
Tijuana es hoy pésimamente gobernada por un inescrupuloso personaje, corrupto y voraz, al que precisamente Carlos Torres le nombró a casi todo su gabinete con miembros activos del Partido Acción Nacional, sin que en Morena dijeran nada.
Este presidente municipal, de nombre Ismael Burgueño -según pobladores y turistas-, tiene a la policía municipal asaltando a todo cuanto ciudadano o visitante se deje. No hay vehículo y tripulante que no detengan y extorsionen de día y de noche, porque ahí a los policías les gusta delinquir, y porque tienen que pasar su “mochada” al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, para que éste a su vez, le pase su parte al propio alcalde.
Burgueño maneja un presupuesto anual de 12 mil millones de pesos, pero no se refleja en obras públicas para beneficio de los tijuanenses.
Por cierto, que el alcalde de Tijuana trae también sus buenos líos con autoridades judiciales. Otra fichita que Morena arrastra, nada bueno aporta.
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