Por Victor Barrera 
Una vez de regreso de las vacaciones de Semana Santa, en el Senado deberán trabajar de forma acelerada para sacar los pendientes, en especial modificar las leyes secundarias que permitan aterrizar los nuevos ordenamientos constitucionales en materia electoral, contenidos en el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con ello se dará cumplimiento a lo señalado en el artículo segundo transitorio de la reforma electoral, aprobada ya en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, en el que se da al Congreso de la Unión un plazo “a más tardar al 30 de mayo” para armonizar los marcos jurídicos de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras.
Dado que en San Lázaro se tiene programado aprobar el plan B el próximo miércoles 8 de abril, y se calcula que su paso sea meteórico por la mitad más uno de los congresos de los estados, la reforma electoral se estará promulgando el 14 de ese mismo mes, por lo que las cámaras del Congreso tendrán sólo 15 días para aprobar la legislación reglamentaria en el periodo ordinario, que concluye el 30 de abril. De lo contrario, para poder cumplir con el plazo fijado en la Constitución (al 30 de mayo), tendrían que convocar a un periodo extraordinario.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza Cázarez, consideró que sí podrán hacerlo en ese periodo corto. Especialmente la Legipe, que requiere ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 90 días antes del inicio de las elecciones intermedias de 2027.
Explicó que la Legipe tiene que ser actualizada en relación con los cambios al artículo 115 constitucional, que conforman una nueva estructura de los ayuntamientos –que sólo podrán ser integrados por una sindicatura y hasta 15 regidurías–, a fin de que esa representación política sea funcional y financieramente responsable para la hacienda pública.
Asimismo, la legislación electoral deberá aterrizar las modificaciones “para consagrar la ampliación del principio de paridad e igualdad de género, en sus vertientes vertical y horizontal” en la integración de los ayuntamientos.
Inzunza Cázarez precisó que se requieren también modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 134 de la Carta Magna, que ajusta los ingresos de consejeros y magistrados electorales, así como del personal ejecutivo y de áreas técnicas del INE y de los tribunales comiciales estatales, a fin de que no superen el salario del titular del Poder Ejecutivo.
Esa ley se armonizará también con la disposición constitucional de no contratar o adquirir seguros de vida, de gastos médicos y de retiro, así como pensiones privadas ni ningún otro régimen especial con recursos públicos.
Igualmente, detalló, los estados deberán armonizar sus marcos jurídicos con las nuevas normas constitucionales a más tardar el 30 de mayo.