Por Victor Barrera 
La líder opositora ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, afirma que su país vive una “ruptura del Estado de derecho” impulsada por el presidente ultraderechista, Daniel Noboa, quien en ese proceso de concentración de poder y cooptación de otros poderes públicos cuenta con el apoyo de las elites económicas nacionales y de Estados Unidos.
En entrevista con Proceso, la presidenta de Revolución Ciudadana (RC), la mayor fuerza política de Ecuador, dice que el cierre de los espacios democráticos y la ruptura del orden constitucional se expresan, principalmente, en la persecución judicial que enfrenta su partido, al cual un juez le quitó el registro, y en la violación sistemática de los derechos humanos por parte de policías, militares y otros agentes del Estado.
También, señala, en la presencia de tropas y equipo bélico estadunidenses en el país, pese a que la Constitución prohíbe de manera explícita las bases militares extranjeras y las instalaciones con propósitos militares.
Rivadeneira no duda en decir que Ecuador tiene un mandatario estadunidense. No sólo porque Noboa nació y se formó en Miami, sino porque ha demostrado ser más leal al presidente de su país natal, Donald Trump, que a los ecuatorianos que lo eligieron para gobernar a la nación sudamericana.
Y esa impronta se refleja en la manera en que ejerce el poder. El 25 de marzo último, por ejemplo, le otorgó la máxima condecoración del país, la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Cruz, a la exsecretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, una feroz cazadora de inmigrantes latinoamericanos, entre ellos ecuatorianos. Los discursos de él y la homenajeada fueron en inglés.
De acuerdo con Rivadeneira, Noboa –heredero del magnate bananero Álvaro Noboa, el hombre más rico de Ecuador– está construyendo un régimen autocrático con el apoyo de Trump y en función de los intereses de Estados Unidos en la región.
Trump, dice, ha elegido el territorio ecuatoriano como su centro de operaciones militares en la región. Y, al mismo tiempo, “se está instaurando una dictadura donde, además, se está aniquilando a la oposición electoral”.
Lo cierto es que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que la cooptación de jueces, las presiones y las amenazas contra magistrados por parte del gobierno y el alineamiento de la Fiscalía General con el Ejecutivo han erosionado la independencia judicial y le han dado a Noboa un amplio espacio para el uso discrecional de la justicia con fines políticos.
“Noboa está usando a la justicia para perseguir a la oposición”, acusa la presidenta de RC, el partido del expresidente Rafael Correa, quien vive como asilado político en Bélgica y enfrenta en Ecuador una pena de ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación en la vida pública por cohecho e “influjo psíquico”, según la sentencia que él considera el corolario de la persecución política en su contra y contra los dirigentes de su partido.
En febrero último un juez dictó prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una figura de RC que enfrenta acusaciones de lavado de dinero y evasión tributaria. Los excandidatos presidenciales de ese partido, Luisa González y Andrés Arauz, enfrentan investigaciones por el supuesto ingreso de dinero de Venezuela a sus campañas electorales.
Rivadeneira dice que, además, 50 de los 60 asambleístas de RC tienen procesos judiciales abiertos y, casualmente, son los legisladores que están a cargo, en la Asamblea Nacional (congreso unicameral), de las investigaciones por corrupción y narcotráfico contra “personajes anclados a la familia presidencial y a su círculo más cercano”.
El presidente Noboa es propietario de Lanfranco Holdings, SA, una empresa con sede en Panamá, un paraíso fiscal, que a su vez es la accionista mayoritaria de Noboa Trading Co., que al menos en tres ocasiones se ha visto involucrada en tráfico de cocaína enviada a Europa oculta en contenedores de banano, su principal producto de exportación.
También ha sido hallada cocaína en contenedores de la empresa Blasti, SA, –vinculada al consorcio de los Noboa– en el puerto privado DP World Posorja, en la suroccidental provincia ecuatoriana de Guayas, propiedad de una tía del presidente, Isabel Noboa Pontón.
Pero la justicia ecuatoriana suele ser lenta u omisa para investigar estos casos y, en cambio, actúa de manera expedita cuando se trata de asuntos que involucran a la oposición, en especial a RC, el partido de Correa y cuya figura polariza al país.
Rivadeneira sostiene que mientras RC es sometido a una “persecución judicial” auspiciada por Noboa, las empresas de la familia presidencial no son tocadas.
“Novoa está directamente relacionado y ha sido vinculado en varios procesos de investigación por estar presuntamente involucrado en redes de narcotráfico y crimen organizado”, asegura.
Y dice que la tía del presidente, Isabel Noboa Pontón, “maneja a través de sus empresas la administración de los puertos marítimos de donde sale 70% de la cocaína de América del Sur hacia Estados Unidos y Europa”.
Estos casos no suelen ocupar espacios en la prensa tradicional ecuatoriana ni suscitan el interés de la justicia.
El 6 de marzo último, en cambio, causó revuelo informativo la decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral de suspender por nueve meses el registro de RC debido a la investigación sobre la presunta financiación ilegal de ese partido. Esto impedirá su participación en los comicios regionales de febrero de 2027.
La política de persecución judicial a Revolución Ciudadana no es de ahora – asegura la dirigente opositora–, sino que viene desde hace ocho años de manera sistemática y hoy se recrudece en el marco de este fortalecimiento de las derechas fascistas de la región.
Para cerrar el círculo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió el 27 de marzo adelantar los comicios regionales para el 29 de noviembre de este año, una medida sin precedentes que se tomó con el argumento de que en la fecha original se prevén fuertes lluvias. Rivadeneira cree que esta decisión es para terminar de dejar fuera a RC de esas elecciones.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha sido persistentemente señalada por RC de responder a los intereses de Noboa, quien hace dos años designó a Kar Atamain, un hermano de la funcionaria, como cónsul de Ecuador en el distrito neoyorquino de Queens sin tener ninguna experiencia como diplomático.
Rivadeneira regresó a Ecuador en enero, luego de seis años de exilio en México, para asumir como presidenta de RC. En 2020 ella se refugió durante 86 días en la Embajada de México en Quito, tras lo cual el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le concedió asilo político.
México se convirtió en los últimos años en refugio de varios dirigentes correístas investigados por la justicia de Ecuador. En abril de 2024 el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, un estrecho aliado de Correa acusado de corrupción, también ingresó a la Embajada mexicana en Quito, pero la sede diplomática fue asaltada por la policía por órdenes del presidente Noboa.
Ese acto provocó que México decidiera romper relaciones diplomáticas con Ecuador y llevar el caso a tribunales internacionales.
Rivadeneira afirma que ese tipo de acciones de Noboa revelan el menosprecio del mandatario por el ordenamiento legal interno e internacional. Y dice que esto ocurre por la forma en que ejerce el poder el inexperto gobernante, cuya única experiencia en el sector público antes de ser presidente fue ser asambleísta durante dos años.
Para la líder opositora, Noboa es “un junior jugando al presidente” y “una persona con muchos problemas psicológicos, con falta de personalidad” que “ha acaparado totalmente” los poderes del Estado.
“Tenemos un autócrata decidiendo sobre el país con complicidad de Estados Unidos y se está instalando una dictadura”, asegura.
De hecho, el informe del Instituto Varieties of Democracy (V-Dem) sobre democracia 2025, divulgado hace unos días, señala que el proceso de democratización de Ecuador “se está revirtiendo” y amenaza con dar “un giro radical” en un contexto de creciente violencia asociada al crimen organizado al que el gobierno de Noboa responde “con mano dura”.
“El deterioro de los últimos años ha colocado a Ecuador en la lista de países con potencial de convertirse en una autocracia”, indica el reporte.
Pese a que Ecuador todavía es más democrático que países latinoamericanos como México –que ya es una “autocracia electoral”, según V-Dem– hay expresiones de autoritarismo que preocupan a organismos internacionales.
El 25 de marzo el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas expresó su “profunda alarma” por las denuncias de al menos 51 desapariciones forzadas, incluidas de menores de edad, cometidas en Ecuador por fuerzas de seguridad militares y civiles durante operativos realizados entre 2024 y 2025.
Además, expertos de la ONU denunciaron persecución, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y acusaciones infundadas de terrorismo contra líderes indígenas y activistas de derechos humanos, así como el avance de proyectos extractivos sin el consentimiento de las comunidades.
Las denuncias incluyen el uso excesivo y a veces letal de la fuerza del Estado en el contexto de protestas. En septiembre y octubre de 2025 Ecuador vivió una ola de manifestaciones antigubernamentales por la eliminación de subsidios a los combustibles y la represión policiaca dejó dos muertos y cerca de 500 heridos.
Un caso emblemático es el de cuatro niños afroecuatorianos que salieron a jugar futbol un domingo de diciembre de 2024 en la suroccidental Guayaquil y nunca regresaron con sus familias. Sus cuerpos aparecieron incinerados y con señales de tortura cerca de una base del Ejército. Los militares que los asesinaron enfrentan penas de entre 30 meses y 34 años de prisión.
Daniel Noboa, conocido en Ecuador por insensibilidad social, ha calificado de «antipatria» a defensores de derechos humanos.
Para Rivadeneira, el autoritarismo de Noboa, el control que este ejerce de la Fiscalía, de los jueces y de la Asamblea Nacional –donde su partido y sus aliados tienen mayoría– y la presencia de tropas estadunidenses en Ecuador son parte de un ensayo de Washington y las oligarquías locales “para ver cómo les resulta y para impedir que Revolución Ciudadana vuelva al poder”.
Sostiene, sin embargo, que “la militarización y la doctrina de seguridad de Estados Unidos no es la carta o la alternativa para la salida de la crisis que está viviendo el Ecuador en este preciso momento, cuando somos el país más inseguro y violento del continente y el quinto más violento del mundo”.
Con Noboa, la mano dura contra el crimen no ha dado ningún resultado. Al contrario. La violencia ha llegado a niveles nunca vistos. Entre 2024 y 2025 los homicidios se incrementaron en 30% y el año pasado cerró con nueve mil 216 asesinatos, 51 por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de América Latina.
Esto significa que desde 2017, último año en el que estuvo el izquierdista Correa en el poder, la tasa de homicidios ha crecido 10 veces. Ese año fue de 5.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Ahora Noboa plantea la “cooperación militar” con Estados Unidos como la solución al problema del crimen organizado y la violencia.
Pero los “operativos conjuntos” que iniciaron tropas estadunidenses y ecuatorianas a principios de este mes han producido, hasta ahora, decenas de capturas de criminales de cuarto y quinto nivel, bombardeos indiscriminados en zonas rurales cercanas a la frontera con Colombia y la detención de humildes campesinos que han denunciado torturas.
Además, el bombardeo y la destrucción de un asentamiento rural que el gobierno presentó como un campamento del grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera pero que, en realidad, según un reporte del diario The New York Times, era una finca lechera.
Ecuador, dice Gabriela Rivadeneira, no tiene ni grandes reservas de petróleo, litio o agua dulce, pero sí tiene el estratégico sistema portuario de Guayaquil, una economía dolarizada que facilita el blanqueo de capitales y un presidente estadunidense.