Por Victor Barrera 
Los restos de José Vázquez Colebrina permanecen desde hace 11 años en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
José, de 32 años, fue al rastro municipal a dejar el camión recolector de basura que manejaba. Cuando salía del lugar hombres armados lo sometieron y se lo llevaron. Era la tarde del 5 de junio de 2013.
Desde ese día su esposa, Nora Elsi, y sus hijos emprendieron una búsqueda que hasta marzo de 2026 no termina.
Tras poco más de 10 años de peregrinar por las calles, oficinas de gobierno, cerros y fosas clandestinas, el 10 de diciembre de 2024 Nora recibió una información que le dio esperanzas de encontrarse de nuevo con José.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) le notificó que los restos de su esposo fueron localizados y depositados en el Semefo.
Según le dijeron, partes del cuerpo de José fueron encontradas junto a otros dos cadáveres desde el 5 de mayo de 2015, dos años después de su desaparición, pero la familia fue informada del hallazgo una década después.
Como si le hubieran echado un balde de agua fría, Nora se enteró que el cuerpo de su esposo tenía 10 años en la morgue de Chilpancingo sin que las autoridades se lo notificaran.
Pasaron otros cinco meses. En mayo de 2025 la FGE le comunicó que le iban a entregar el cuerpo de su esposo, le pidieron el acta de matrimonio, de nacimiento e identificaciones personales, así como ADN de sus hijos.
Incluso, le dijeron que buscara un lugar para sepultarlo y así lo hizo.
Además, le comentaron que ella y sus hijos necesitaban estar con un psicólogo antes de la entrega para que las autoridades les pudieran decir lo que pasó con José.
Pero no, nada más me llevan, me sobrellevan diciéndome que me lo van a entregar ya en cualquier momento, que esté al tanto; son puras largas, promesas y mentiras.
“Exijo que me sea entregado porque ya es justo que él descanse en paz, que tenga un lugar donde descansar y que mis hijos tengan esa tranquilidad. Ya van 12 años de su búsqueda.
“Por lo que tengo entendido, ni ellos saben dónde están los restos de mi esposo”, declaró Nora en mayo de 2025 a este reportero.
El 25 de marzo último la esposa buscadora informó que en la víspera los restos de su marido fueron llevados a un laboratorio de la Ciudad de México para una segunda prueba genética y que el día 30 de marzo en la FGE le darían los resultados.
Son ocho fragmentos óseos, entre ellos el cráneo que presuntamente son de José.
Guerrero vive una crisis de desaparición forzada y de identificación forense. Hay cuatro mil 450 carpetas de investigación por desaparición y un rezago en la identificación de más de dos mil cuerpos en el panteón ministerial estatal y en tres Semefos.
Además, el estado tiene el primer lugar nacional en fosas clandestinas, con alrededor de 500, denuncian colectivos de familiares de víctimas de desaparición.
Desde el decreto de la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda, el 17 de noviembre de 2017, y su última reforma del 16 de junio de 2025, los colectivos y organizaciones de Guerrero han luchado sin éxito porque la ley se armonice en la entidad y tome en cuenta sus características.
Pero las tres últimas legislaciones del congreso local con mayoría de Morena han evadido su obligación, mentido a las familias de las víctimas y desaparecido proyectos de la ley local en materia de desaparición.
Tras la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el 18 de enero de 2018, el Ejecutivo ordenó a las entidades federativas legislar y armonizar la ley en un plazo de seis meses.
Durante ese año electoral, donde llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador y se cambió la Legislatura local, el Congreso de Guerrero no legisló en la materia.
En 2019, en la administración del gobernador Héctor Astudillo, se presentó el “Proyecto 741”, nombrado así por el número de cuerpos de personas que permanecían sin identificar en el panteón ministerial.
Aunque el entonces mandatario priista se comprometió a dar todo el apoyo de su gobierno para identificar los restos, durante ese año sólo se logró corroborar la identidad de cinco víctimas.
En 2020 la Cruz Roja Internacional reunió a los 11 colectivos de familiares de desaparecidos que existían en Guerrero.
Al ver que el “Proyecto 741” no daba resultados, decidieron emprender la lucha por una ley local en materia de desaparición.
En 2021 Alfredo Sánchez Esquivel, diputado local y presidente del Congreso, ofreció ayudar a las familias de las víctimas.
El 10 de noviembre de 2022 las diputadas de Morena Nora Velázquez Martínez y del PT Leticia Mosso Hernández, así como el mismo Sánchez Esquivel presentaron la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
La propuesta no incluyó ninguno de los puntos que trabajaron con las organizaciones y la Cruz Roja. Al final fue congelada en la Comisión de Derechos Humanos.
Afianzado el clan Salgado, Alfredo Sánchez fue echado de la Presidencia del Congreso y en su lugar el senador Félix Salgado y padre de la gobernadora Evelyn Salgado, colocó en septiembre de 2022 a la diputada Yoloczin Domínguez Serna.
“Con ella (de 2022 a 2024) no hubo ningún avance, ni se reunía con nosotros y cuando se reunía estaba en su teléfono viendo otras cosas”, recuerda el activista David Molina.
La actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada local de Morena Araceli Ocampo Manzanares, asegura que su antecesora en esa Comisión, la diputada local plurinominal del PT desde 2018, Leticia Mosso Hernández, no le dejó ninguna iniciativa de ley en materia de desaparición.
“Cuando llegamos (en 2024) no encontramos absolutamente nada en la Comisión de Derechos Humanos, ninguna ley en materia de desaparición forzada de persona, ni ninguna ley, encontramos vacío”.
Consultada en su oficina del Congreso local, la legisladora, presume que al inicio de la presente Cámara empezaron a construir una iniciativa de ley para prevenir investigar y sancionar la desaparición forzada en Guerrero.
El proyecto de ley contempla 167 artículos y 13 transitorios.
“Era una demanda de décadas muy fuerte de los colectivos en Guerrero”, dice.
Para trabajar la ley, afirma, desde principios de 2025 se realizaron 19 mesas de trabajo con representantes de los colectivos, la FGE, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y la Secretaría General de Gobierno.
“Ya está terminada, ya incluso se promovió, se encuentra en la Secretaría Parlamentaria del Congreso. Estamos esperando el momento de subir a tribuna y presentar esta iniciativa histórica».
Los colectivos, afirma, “están contentos y a gusto porque los escuchamos”.
No obstante, la diputada morenista acepta que a la ley le hacen falta dos cosas detalles:
Primero, la cantidad de dinero que el gobierno del estado destinará para un fondo de apoyo a los familiares de desaparecidos. La iniciativa contempla subir de dos mil a tres mil pesos mensuales el pago de despensa para cada familia.
Y definir la naturaleza jurídica de la CEBP, si será un organismo autónomo descentralizado o seguirá dependiendo de la Secretaría General del gobierno estatal.
En lo que va de 2026 las mesas de trabajo para la iniciativa de ley no se han instalado.
“Estamos esperando esta reunión, será de las últimas. Esperemos que no lleve mucho tiempo”.
–¿Cree se apruebe en la actual legislatura y en el presente gobierno estatal que son de Morena? –se le plantea a la diputada.
–Esperemos que sí, confiamos en este gobierno porque ha sido sensible, accesible, empático en atendernos y establecer estas mesas de trabajo interinstitucionales para poder avanzar en esta reforma.
En la charla la diputada puso sobre la mesa un dato alarmante: en el estado de Guerrero hay cuatro mil 450 carpetas de investigación por desaparición; tres de cada 10 casos no son denunciados, afirma tras consultar por teléfono a un asesor.
David Molina Rodríguez, del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso, es parte de la comisión de cuatro representantes de las organizaciones que participan en las mesas de trabajo interinstitucionales para elaborar la iniciativa de ley en materia de desaparición.
En la comisión también están Adriana Bahena Cruz, de Justicia y Verdad para los Otros Desaparecidos de Iguala; Emma Mora Liberato, de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, y Betsi Munivez Mayo, de Guerrero No Más Desaparecidos.
La propuesta de los familiares ha sido la independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), así como la creación de un Centro de Identificación Humana.
Mayor presupuesto a la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y que se establezca en la ley local la Declaración Especial de Ausencia.
Molina Rodríguez considera importante garantizar el apoyo a la canasta básica de las madres, hermanas e hijas buscadoras para cuando salen a rastrear, en movilizaciones y capacitaciones.
Que cuando menos su familia tenga lo indispensable, aunque sea para comer. Ese pequeño apoyo debe estar garantizado porque regularmente se retrasa hasta por cuatro meses.
El activista asegura que el presupuesto que ejerce la CEBP depende mayoritariamente de lo que le otorga la Comisión Nacional de Búsqueda. En promedio son 24 millones al año los que otorga, y el gobierno del estado tiene que poner otro 10%, pero no lo hace.
Sólo el año pasado se destinaron 21 millones de pesos a la construcción del Centro de Resguardo Temporal Forense de Acapulco y el resto se fue a sueldos y gasto corriente.
El activista asegura que, si la CEAP no puede convertirse en un órgano autónomo, pretenden que cuando menos dependa directamente de la gobernadora o gobernador para que sea más directo en la gestión de recursos.
Si se armoniza en el estado la Declaración Especial de Ausencia, asegura, muchas instituciones y empresas respetarán los derechos laborales de las víctimas y no dejarían en el limbo a su familia.
Para Molina, mientras la ley no se promulgue, van a seguir en el olvido por parte de las autoridades y esperarán a que haya otro asunto de impacto mediático como el de Teuchitlán para que los volteen a ver.
La gobernadora Evelyn Salgado, dice Molina Rodríguez, tiene una oportunidad histórica de hacer un cambio al establecer la ley.
“Que lo hiciera siquiera para que siga Morena y ellos sigan teniendo el poder económico y ellos dispongan de todo, si quiera por eso, pero no se ve que tenga realmente la voluntad”.
De acuerdo con las cifras de los colectivos, en Guerrero hay mil 70 cuerpos o restos de personas en el panteón ministerial estatal, más otros mil sin identificar en los Semefos de Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Sin contar los que han ido a dar a las fosas comunes.
Adriana Bahena, de Justicia y Verdad para los Otros Desaparecidos de Iguala, es más entusiasta. “La ley la estuvimos trabajando y está por salir”.
Reveló que, en una reunión reciente de los colectivos y organizaciones con la comisionada Karla Quintana, se determinó que no se va a cambiar la figura de la Comisión Estatal de Búsqueda.
“La misma comisionada dijo que ya se había consensuado y determinado que la Comisión iba a seguir con la misma figura jurídica, y esto permitiría que se desatorara la ley y ya saliera”.
Sobre la petición del Centro de Identificación Humana, dijo que se quedarán con el Centro de Resguardo Temporal que se construye en Acapulco porque fue impulsado por las organizaciones.
Al final ese proyecto lo construyeron con escalas y visión a un Centro de Identificación Humana, dijo.
La madre buscadora también está en espera de la reunión interinstitucional.
Tristemente nos han aplazado esa reunión. Esperemos que los primeros días después de Semana Santa se aterrice y concluya porque la ley ya está como debe estar.
Nora Elsi no ha dejado acompañar a las familias del colectivo Lupita Rodríguez.
La mañana del jueves 26 de marzo pidió permiso en su trabajo y se sumó a la marcha para exigir a las autoridades dar con el paradero de la estudiante de la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Heidi Shanik López Mora.
“Todos estos angelitos que encontremos queremos que lleguen a casa porque, así como yo esperaba mi esposo todos tienen una familia que los espera”.