Necesario reformar el código penal federal para proteger la intimidad sexual frente al uso de inteligencia artificial: Margarita Corro Mendoza

La diputada Margarita Corro Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar y adicionar los artículos 199 Octies, 199 Nonies y 199 Decies del Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la protección de la intimidad sexual frente al uso de inteligencia artificial.

La legisladora advirtió que el avance tecnológico exige una actualización del marco jurídico, al señalar que “la velocidad a la que surgen estos avances demanda, tanto en lo personal como en lo social, una adaptación permanente”.

En su exposición de motivos, destacó que la inteligencia artificial ha abierto nuevas formas de violencia digital, al permitir la creación de contenido íntimo sin consentimiento, incluso sin que exista material real previo. En ese sentido, subrayó que “hoy es posible generar, alterar o simular imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual mediante herramientas tecnológicas”, lo que representa un riesgo directo para la dignidad y privacidad de las personas.

Como ejemplo, la diputada hizo referencia a un caso ocurrido en Zacatecas, donde cientos de estudiantes fueron víctimas de manipulación digital con fines sexuales. “Al menos 400 alumnas… han visto sus fotos convertidas en material pornográfico con ayuda de la inteligencia artificial”, citó, al tiempo que enfatizó la urgencia de atender estos hechos desde el ámbito legislativo para evitar la impunidad.

La propuesta plantea incorporar explícitamente en el tipo penal la generación, alteración o simulación de contenido íntimo sexual mediante inteligencia artificial, aun cuando no corresponda a hechos reales. Corro Mendoza afirmó que “resulta necesario armonizar el tipo penal vigente para precisar que estas conductas también constituyen violación a la intimidad sexual”, cerrando vacíos legales que actualmente permiten evadir responsabilidades.

Asimismo, se establecen sanciones de cinco a ocho años de prisión y multas económicas para quienes incurran en estas conductas, así como el incremento de penas cuando se utilicen herramientas tecnológicas para su comisión. La legisladora puntualizó que “ninguna innovación tecnológica puede convertirse en instrumento de violencia o impunidad”, por lo que esta reforma busca garantizar una tutela penal efectiva.

Finalmente, la iniciativa se sustenta en principios constitucionales y tratados internacionales que protegen la dignidad, la vida privada y los datos personales. En este contexto, hizo un llamado a actuar con prontitud al advertir que “es primordial que las plataformas digitales, y todos los actores de la sociedad, asuman un papel activo en el cambio cultural”, a fin de construir entornos digitales seguros y respetuosos.