Por Victor Barrera 
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el proyecto de decreto para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el objetivo de detonar proyectos clave en el país.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta legislación permitirá dotar al Estado mexicano de un marco jurídico moderno y estratégico, sin perder la rectoría pública ni la soberanía nacional.
De acuerdo con el dictamen, la ley contempla:
- Facilitar la inversión pública y privada
- Establecer reglas claras y certeza jurídica
- Implementar un sistema de triple control: evaluación previa, seguimiento y auditoría
- Garantizar la transparencia y rendición de cuentas
Además, se permitirá la participación de capital privado en proyectos prioritarios, sin que el Estado pierda el control de las decisiones estratégicas.
Uno de los puntos destacados es la incorporación del sector social, como cooperativas, comunidades y ejidos, dentro de la cadena de valor de la infraestructura.
Asimismo, cada proyecto deberá cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, incluyendo:
- Evaluación de impacto ambiental
- Protección del equilibrio ecológico
- Medidas ante el cambio climático
El objetivo es que la infraestructura no solo impulse el crecimiento, sino también la resiliencia territorial y energética.
Pese a su aprobación, la iniciativa fue rechazada por legisladores de oposición, quienes señalaron que el problema económico del país no es la falta de inversión, sino la incertidumbre jurídica y el manejo del gasto público.
El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, advirtió que la reforma podría generar mayor opacidad y ocultar el uso de deuda pública.
Por su parte, el panista Raymundo Bolaños Azócar criticó que los recursos se destinen a gasto corriente en lugar de inversión, lo que, dijo, limita el crecimiento económico.
Desde la bancada oficialista, se defendió que la ley busca movilizar ahorro institucional, inversión privada y financiamiento público hacia proyectos estratégicos, manteniendo la rectoría del Estado.
El dictamen ahora avanza en el proceso legislativo, en medio de un debate que refleja las diferencias sobre el rumbo económico y el papel del Estado en la inversión.