Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Es muy probable que en los próximos días y antes que termine el mes de abril sea aprobado el plan B de la reforma electoral, derivado de que el PT ha manifestado que apoya este plan luego de analizar que no interviene en sus intereses políticos.
En tanto el PVEM ya había aprobado el plan y ahora solo queda el tramite de que se suba al pleno de la cámara de diputados y aprobarlo por la mayoría legislativa, de Morena, PT y PVEM.
Con esto se da, hasta ahora, el cumplimiento de una tarea dejada por el mesías de Morena para hacer de su movimiento el partido con mayor poder en México.
Con esto se regresa a la época de n partido dominante y una oposición sin tamaño y fuerza suficiente para evitar que el poder se siga concentrando en una sola persona.
Muchos de los que militan en Morena están gustosos y felices, porque ahora podrán hacer y deshacer en México, a sabiendas que serán intocables. Otros mantienen su pensamiento manifestando que son parte del poder aun cuando pocas veces se les tome en cuenta y solo sirvan como la herramienta para obtener triunfos políticos de Morena.
Pero lo más preocupante es que todo esto podría ser un factor que impida no solo el crecimiento económico del país, sino se ampliaran algunos de los problemas persistentes como es la corrupción e impunidad.
A lo largo de los últimos mese se dejo de ver otros problemas, porque la atención se centro en lo político, y lo económico siguió su paso implementando las bases para hacer del Estado el participante principal en todas las decisiones económicas del país.
Se inició con el desmantelamiento de los organismo autónomos que fueron creados para evitar el abuso del poder y el monopolio de sectores productivos. Ahora estaremos en un país donde el Estado tendrá mayor participación y la inversión privada solamente será un invitado que se subyugara a las decisiones del gobierno.
Así lo muestra la aprobación en el Senado de la República de la Ley para Impulsar la Infraestructura, que en términos generales coloca al Estado como el principal participante de la construcción de obra acompañado de inversión privada que contará con una participación activa como socio de las mismas pero con el 46 por ciento. Esto, de entrada es un inhibidor de inversión, porque nadie en su sano juicio se asociará con un gobierno que crea obra con elevados costos y poco rentables. Los ejemplos más claros son el tren Maya donde México sigue perdiendo diariamente cerca de 10 millones de pesos diarios, el AIFA que aun no termina de convencer a las aerolíneas de pedir slots y a los pasajeros de presentarse a ese lugar y la refinería Olmeca de Dos Bocas que hasta el momento no logra refinar la suficiente gasolina para satisfacer siquiera la demanda del mercado interno.
Este gobierno desde su inicio prometió una mayor participación a la inversión privada y lanzo un Plan México que consistió en establecer una ruta para la creación de infraestructura para establecer zonas de desarrollo económico.
Ahora con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el gobierno ya no sólo habló de metas generales, sino de un monto específico: 722 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado en 2026, equivalente a alrededor de 2 por ciento del PIB, dentro de una estrategia sexenal que busca movilizar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030. Más importante aún, el anuncio del monto no vino solo: también se empezó a delinear el andamiaje para que esa inversión pueda ocurrir.
La discusión ya no se limita a cuánto se quiere invertir, sino a cómo hacerlo posible. En ese contexto, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar regulará mecanismos que faciliten el desarrollo y la ejecución de proyectos estratégicos.
Así lo que podría haber sido algo positivo, como lo señalé en entregas anteriores, se volvió simplemente más de lo mismo. El gobierno solo quiere que la inversión privada participe en la construcción de obras pero bajo la administración del mismo gobierno.
Este punto es el que no da las garantías suficientes al capital privado, porque hasta ahora la construcción de obras realizadas por el auto llamado 4T han superado por mucho los presupuestos establecidos y lo que significa mayor costo. Algo que un inversionista privado no estaría de acuerdo en solventar por mucho tiempo.
Porque lamentablemente, México es un país donde muchas veces se anuncia la obra pública antes estar completamente estructurada. Es decir, no se ordena el marco de ejecución , financiamiento y continuidad presupuestal. Esto hace que el costo de las obras se eleve y el termino de las mismas se en mayor tiempo de los estimado.
Si no se trazan perfectamente el proceso de construcción de la infraestructura el costo real de la misma y el calendario de construcción, cualquier obra que se construya mantendrá la incertidumbre en sus costo y tiempo de entrega. Factor que cuida la inversión privada para evitar que se utilicé mayor capital de los estimado.
Porque más allá de un plan o proyecto de andamiaje legal, los inversionistas necesitan ver proyectos ejecutivos con calendarios, licitaciones, fuentes de repago, esquemas de participación y tiempos de construcción. En otras palabras, más obra totalmente identificable.
El crecimiento de México este año depende, en buena medida, de que esto se otorgue a los inversionistas para que la inversión en infraestructura deje de ser expectativa y se convierta en actividad económica.
El país necesita aprovechar su situación geográfica como destino estratégico de inversión, por la cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos, por integración regional y por su aun favorable bono demográfico. Por ello es necesario ofrecer no solo ubicación, sino contar con la energía suficiente para todos los proyectos, logística, agua, conectividad y capacidad operativa.
De no hacerlo todos los planes que se presenten, serán buenos en el papel, pero solamente eso. La certeza jurídica. El respeto al Estado de derecho y la seguridad pública son factores fundamentales para alentar a la inversión privada. A esto debemos sumar la erradicación de la corrupción, que prevalece como un mal enquistado en cada acción a realizar por el gobierno.
Ordenar primero y construir después puede ser la secuencia correcta. Pero a partir de ahora, construir infraestructura se vuelto indispensable para el crecimiento económico del país y bienestar de su población.
Se inició con el desmantelamiento de los organismo autónomos que fueron creados para evitar el abuso del poder y el monopolio de sectores productivos. Ahora estaremos en un país donde el Estado tendrá mayor participación y la inversión privada solamente será un invitado que se subyugara a las decisiones del gobierno.
Así lo muestra la aprobación en el Senado de la República de la Ley para Impulsar la Infraestructura, que en términos generales coloca al Estado como el principal participante de la construcción de obra acompañado de inversión privada que contará con una participación activa como socio de las mismas pero con el 46 por ciento. Esto, de entrada es un inhibidor de inversión, porque nadie en su sano juicio se asociará con un gobierno que crea obra con elevados costos y poco rentables. Los ejemplos más claros son el tren Maya donde México sigue perdiendo diariamente cerca de 10 millones de pesos diarios, el AIFA que aun no termina de convencer a las aerolíneas de pedir slots y a los pasajeros de presentarse a ese lugar y la refinería Olmeca de Dos Bocas que hasta el momento no logra refinar la suficiente gasolina para satisfacer siquiera la demanda del mercado interno.
Este gobierno desde su inicio prometió una mayor participación a la inversión privada y lanzo un Plan México que consistió en establecer una ruta para la creación de infraestructura para establecer zonas de desarrollo económico.
Ahora con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el gobierno ya no sólo habló de metas generales, sino de un monto específico: 722 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado en 2026, equivalente a alrededor de 2 por ciento del PIB, dentro de una estrategia sexenal que busca movilizar 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030. Más importante aún, el anuncio del monto no vino solo: también se empezó a delinear el andamiaje para que esa inversión pueda ocurrir.
La discusión ya no se limita a cuánto se quiere invertir, sino a cómo hacerlo posible. En ese contexto, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar regulará mecanismos que faciliten el desarrollo y la ejecución de proyectos estratégicos.
Así lo que podría haber sido algo positivo, como lo señalé en entregas anteriores, se volvió simplemente más de lo mismo. El gobierno solo quiere que la inversión privada participe en la construcción de obras pero bajo la administración del mismo gobierno.
Este punto es el que no da las garantías suficientes al capital privado, porque hasta ahora la construcción de obras realizadas por el auto llamado 4T han superado por mucho los presupuestos establecidos y lo que significa mayor costo. Algo que un inversionista privado no estaría de acuerdo en solventar por mucho tiempo.
Porque lamentablemente, México es un país donde muchas veces se anuncia la obra pública antes estar completamente estructurada. Es decir, no se ordena el marco de ejecución , financiamiento y continuidad presupuestal. Esto hace que el costo de las obras se eleve y el termino de las mismas se en mayor tiempo de los estimado.
Si no se trazan perfectamente el proceso de construcción de la infraestrcutura el costo real de la misma y el calendario de construcción, cualquier obra que se construya mantendrá la incertidumbre en sus costo y tiempo de entrega. Factor que cuida la inversión privada para evitar que se utilicé mayor capital de los estimado.
Porque más allá de un plan o proyecto de andamiaje legal, los inversionistas necesitan ver proyectos ejecutivos con calendarios, licitaciones, fuentes de repago, esquemas de participación y tiempos de construcción. En otras palabras, más obra totalmente identificable.
El crecimiento de México este año depende, en buena medida, de que esto se otorgue a los inversionistas para que la inversión en infraestructura deje de ser expectativa y se convierta en actividad económica.
El país necesita aprovechar su situación geográfica como destino estratégico de inversión, por la cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos, por integración regional y por su aun favorable bono demográfico. Por ello es necesario ofrecer no solo ubicación, sino contar con la energía suficiente para todos los proyectos, logística, agua, conectividad y capacidad operativa.
De no hacerlo todos los planes que se presenten, serán buenos en el papel, pero solamente eso. La certeza jurídica. El respeto al Estado de derecho y la seguridad pública son factores fundamentales para alentar a la inversión privada. A esto debemos sumar la erradicación de la corrupción, que prevalece como un mal enquistado en cada acción a realizar por el gobierno.
Ordenar primero y construir después puede ser la secuencia correcta. Pero a partir de ahora, construir infraestructura se vuelto indispensable para el crecimiento económico del país y bienestar de su población.