Por Victor Barrera 
La Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, el dictamen que adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativa a las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud.
El documento. que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales en la sesión presencial de este jueves.
Precisa que la SICT podrá participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
En el régimen transitorio indica que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que no requerirá recursos adicionales ni se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.
Además, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas que resulten necesarias para su debida implementación.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, instruyó que las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular que no fueron presentadas en tribuna, sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates.
La diputada Sandra Patricia Palacios Medina (Morena) expuso que estas adecuaciones permitirán facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que pueda participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura destinados a la prestación de servicios de salud.
Añadió que esa participación se hará exclusivamente a solicitud de las autoridades federales competentes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Dicha facultad –dijo– es importante, porque permitirá aumentar la infraestructura en salud, habrá más clínicas, más hospitales, unidades de consulta externa, funcionales, modernos y bien equipados como lo merece la población y sin un gasto exorbitante de recursos públicos. “Hoy le respondemos al pueblo, le respondemos la exigencia de una salud digna”.
Del PAN, el diputado Gerardo Ponce de León Valdés expresó que aprovechar capacidades, coordinar esfuerzos y avanzar más rápido, suena razonable en el papel, pero no se sabe cómo operará en la realidad, “que es donde aparecen las grietas”, pues la propuesta no delimita responsabilidades de cada dependencia, no incluye recursos adicionales y no explica los criterios de la solicitud.
Dijo que acompaña el dictamen, “pero sin fingir que es perfecto”, tiene vacíos, riesgos y áreas a corregir, por lo que propuso establecer reglas claras y precisas sobre cuándo y cómo participa la SICT, definir la responsabilidad técnica de cada secretaría y garantizar que no se sacrificarán otras áreas por falta de recursos, para asegurar el mantenimiento de las obras.
Dijo que acompaña el dictamen, “pero sin fingir que es perfecto”, tiene vacíos, riesgos y áreas a corregir, por lo que propuso establecer reglas claras y precisas sobre cuándo y cómo participa la SICT, definir la responsabilidad técnica de cada secretaría y garantizar que no se sacrificarán otras áreas por falta de recursos, para asegurar el mantenimiento de las obras.
Señaló que la reforma busca garantizar condiciones para una atención médica oportuna, eficiente y de calidad, fortalece el marco institucional y plantea una ruta clara para que sea una herramienta efectiva que haga realidad el derecho a la salud y mejore las condiciones de vida de las familias mexicanas.
El diputado José Luis Sánchez González (PT) dijo que esta iniciativa busca que cualquier persona tenga o no seguridad social, puedan acudir al IMSS, ISSSTE o al IMSS Bienestar a recibir atención médica. “Esto que denominamos universalización del servicio de salud inicia su inscripción el 13 de abril y serán en 24 entidades federativas donde se implementará este sistema que busca posibilitar que todos los derechohabientes puedan acudir a cualquiera de las instituciones y hacer realidad el derecho a la salud”.
Señaló que en este sexenio se han construido hospitales como nunca, la red hospitalaria del país se ha fortalecido, se han hecho esfuerzos por garantizar el abasto de medicamentos y contratado cada vez más médicos y enfermeras para que atiendan a la población. “Consideramos que se trata de una iniciativa generosa que busca mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos”.
Por el PRI, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes comentó que es riesgoso que a la SICT la cual está enfocada principalmente a la construcción y mantenimiento de carreteras, transporte e infraestructura logística, se le estén otorgando facultades que no corresponden a su naturaleza institucional. “No se trata de una secretaría especializada en salud pública, ni cuenta con el conocimiento clínico para identificar las necesidades reales en materia de hospitales, centros de salud o equipamiento médico”.
Mencionó que sumar responsabilidades en materia de infraestructura hospitalaria a una institución que tiene una enorme carga de trabajo en todo el país puede generar saturación institucional derivando esto en obras de menor calidad o ejecución extemporánea. “Otorgar a la Secretaría facultades en materia de infraestructura de salud, implica construir desde la óptica del cemento y no desde la óptica del paciente”, añadió.
Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, externó que en México sí se necesitan más hospitales, mejores clínicas y espacios dignos para atender a la gente, porque cuando se habla de infraestructura de salud, no se habla de edificios sino de personas, y el dictamen plantea que la Secretaría pueda participar más directamente en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras, incluyendo hospitales, por lo que la intención es clara: sumar capacidades, coordinar mejor y avanzar más rápido.
Propuso que no solo se construya infraestructura, sino que esté equipada adecuadamente para operar, “porque de nada sirve levantar un edificio si no puede dar un servicio”; que exista una coordinación real con estados y municipios para que los proyectos sí respondan a lo que necesita cada comunidad, así como evitar duplicidades, para que los recursos se usen bien y las obras no se queden atoradas entre dependencias.