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¿Cómo va la 4T en cuanto limpiar de corrupción a la administración federal?

Por Víctor Barrera

Solo en México puede pasar, tenemos un gobierno que está en contra de la corrupción, del “amiguismo”, del “influyentismo”, de los “aviadores que cobran y no hacen absolutamente nada”, de entregar  obras sin licitación y adjudicarlas directamente y sin embargo, esto persiste.

López Obrador, cada mañana asegura que no son iguales, que todos esos vicios se han acabado y que esta administración es totalmente honesta, pero la realidad nos muestra lo contrario, sus parientes han sido denunciados públicamente porque han caído en la corrupción, después de que salieran los videos donde su hermano Pio recibe bolsas de dinero “para apoyar al movimiento”, el presidente López Obrador señalo que en unos días declararía estos hechos, pero seguimos esperando esas declaraciones.

Su sobrina ha  sido  denunciada por desviar recursos de la alcaldía de Macuspana,  sus hijos de la noche a la mañana  han creado empresas,  aquí no señalamos  la creación de las empresas  porque quizá ayudan a crear empleos, pero como dijera el mismo López Obrador “¿Quién Pompo?, queremos que expliquen de donde salió el dinero para su creación.

Hemos visto como  familias se han incrustado en las filas del gobierno de López Obrador, como los familiares de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, de la Secretaria de la función Pública, Eréndira Sandoval, del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y otras más que de una u otra forma han sacado provecho de ser parte del circulo cercano al titular del Ejecutivo Federal.

En cuanto a las adjudicaciones directas,  existen casos que deben encender los focos amarillos, como los del hijo de Manuel Bartlett, los parientes de algunos otros secretarios de estado, y las ventajas que han obtenido  los Delegados de cada entidad, además de los beneficios que han recibido algunos legisladores, por el simple hecho de militar o ser parte del proyecto de la 4T.

En los proyectos que tiene en mente el titular del ejecutivo, como el Tren Maya, el Delegado de Fonatur, Raúl Bermúdez Arreola, también  ha sacado provecho de su posición para decidir  cómo y con quien se trabaja en esta importante obra,  señala cada día que puede que es amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero lo que si no debemos dejar pasar es que con el pretexto de llevar a cabo la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora podría estar lidiando con casos de proveedores consentidos, y todo lo que eso conlleva, para un gobierno cuya principal insignia es erradicar ese tipo de prácticas.

Al interior cobijo de las labores de construcción del aeropuerto por parte de  la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular,  Luis Cresencio Sandoval, empieza a hacer ruio la red de empresas, relacionadas con Patricia Manón Romero Rodríguez y sus cercanos, léase Mario Alfonso Ortiz Romero y Alejandro Gutiérrez Romero, quienes se han servido con la cuchara grande como proveedores de insumos químicos, colorantes, hilos y telas, para la confección de uniformes y equipos tácticos.

Se trataría de las firmas Intman y Nicela, que se perfilan como las próximas contratistas para la “Adquisición de insumos para vestuario con patrón de camuflaje TE-3”; proceso por invitación en el que se incluye la compra de cierres, cintas y telas, y cuyo fallo saldrá este mismo mes.

Sobre esta empresaria, hoy de 64 años de edad, hay que recordar que inició su historia en la Secretaría de la Defensa como representante legal de la proveedora de hilo Zagis S.A. de C.V., no obstante dejó de firmar las propuestas económicas de la empresa en 2019. Mientras que en los registros de Compranet, la empresa tiene de 2014 a la fecha, 27 contratos, todos ellos con la Sedena, por más de 625 millones de pesos. De estos, 14 por adjudicación directa.

Además, otra de las firmas cercanas a este grupo es Introm Textil S.A. de C.V., constituida el 3 de abril de 2008, por Alejandro Gutiérrez Romero. Misma que ha logrado 53 acuerdos por 141 millones 137 mil pesos, 12 de ellos firmados de 2019 a la fecha.

Ya en 2010, se constituye Intman S.A. de C.V. para la compra, venta, distribución, manufactura y maquila de toda clase de calzado. No obstante, de 2015 a la fecha, la empresa sólo ha sido proveedora dos veces, una en 2017 cuando la contrataron para entregar equipo táctico por 10 millones 511 mil pesos; mientras que en 2020 se quedó por adjudicación directa con 297 mil 234 euros para suministrar refacciones tipo Sabiex Internacional.

Dos años más tarde, Mario Alfonso Ortiz Romero, cercano a la empresaria, constituyó Nicela S.A. de C.V., con la que en los últimos 6 años le han vendido a la Sedena colorantes por más de 545.8 millones de pesos, mediante 28 contratos, 17 de ellos obtenidos por adjudicación directa. Pero esto no es todo, sólo un año más tarde, Operadora Safrat también vio la luz y ya suma nueve contratos, siete de ellos por poco más de 57 millones de pesos, más dos cotizados en dólares, uno de este año, por 521 mil 900, y otro en 2018, por 340 mil dólares.

Esto, insisto,  debe  encender luces de alarma dentro de los niveles altos de esta 4T

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