El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de la Diputada Janine Patricia Quijano Tapia, impulsa una iniciativa para obligar al Estado a la entrega de un apoyo económico a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.
La iniciativa que busca reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea que a estos menores se les considere víctimas indirectas de este delito por lo que la autoridad también deberá aplicar protocolos psicológicos de emergencia, apoyos de alimentación, salud y educación.
En su exposición de motivos, Quijano Tapia explicó que se trata de una población tan vulnerable y propensa a ser revictimizada por una violencia estructural, es decir, niñas, niños y adolescentes que pierden a su madre a causa del feminicidio y quedan desamparados y en cuidado de otras personas «que bien podrían atenderlos y solventar todas sus necesidades o ser abandonados y relegados, en algunos casos separados de sus hermanas y hermanos o incluso, sufren abusos por parte de las nuevas personas cuidadoras, lo que se traduce en menos oportunidades para que puedan salir adelante».
“Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado”, enfatizó.
El proyecto señala que, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México cada mes asesinan a 312 mujeres, mientras que las fiscalías estatales reportan, de 2015 a abril de 2022, 947 niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
«En algunos casos documentados por notas periodísticas se observa que a las víctimas indirectas les han entregado apoyos por 300 pesos, en otros casos un apoyo único de diez mil pesos y una despensa. A algunos otros se les ha otorgado la beca Benito Juárez, por otro lado, algunas entidades como Coahuila crearon un programa específico para la orfandad por feminicidio», lamentó la legisladora ecologista.
Por esos motivos, insistió en que se debe crear un apoyo para las víctimas indirectas del feminicidio que, al igual que los demás programas sociales, se eleve a rango constitucional para garantizar su permanencia, universalidad y efectividad.
“Como legisladores, tenemos la responsabilidad de fortalecer los mecanismos que busquen proteger a las víctimas indirectas del feminicidio, que en su mayoría son niñas, niños y adolescentes que quedan en total estado de indefensión frente a la muerte de su madre. Debemos dar protección y acompañamiento a estas víctimas, de ahí la necesidad de robustecer las acciones emprendidas para asegurar que tengan acceso a un mejor futuro», concluyó.
