Por Victor Barrera 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es un poderoso instrumento de política económica y social, por ello la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propuso una serie de medidas que permitan una mayor inversión pública en infraestructura para impulsar la productividad, el crecimiento económico y el bienestar social.
El presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, explicó que, aun cuando existen rigidez presupuestal y gastos irreductibles, es decir, conceptos obligatorios que deben atenderse y que restringe el margen de maniobra para otros rubros como la inversión en infraestructura, es posible implementar mecanismos para atender las necesidades en el sector.
Expuso que, a fin de evitar que durante los próximos años la variable de ajuste siga siendo la reducción de la inversión pública, la CMIC considera indispensable una reingeniería a las finanzas públicas cuyo objetivo sea blindar e incrementar los recursos destinados al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura.
«Sabemos que entre los determinantes del crecimiento económico están la expansión y modernización de infraestructura. Más y mejor infraestructura reduce los costos logísticos y eleva la competitividad y productividad, impulsando el crecimiento económico y el bienestar», señalo el líder de los constructores afiliados a la CMIC.
Pese a lo anterior, explicó, en nuestro país se registra, desde hace décadas, una tendencia estructural a la baja en la inversión pública.
«Lo grave de ello es que en la medida en que baja la inversión en infraestructura baja también la productividad», apuntó.
Aseguró que, más allá de periodos de gobierno o color político, este tema se deriva de una tendencia estructural en la que influyen factores tales como: el bajo nivel de ingresos tributarios; el crecimiento del gasto irreductible del gobierno; el servicio de la deuda pública, entre otros. Puso como ejemplo el gasto en pensiones que se ha triplicado de 2014 a la fecha.
En conferencia de prensa Méndez Jaled puso a consideración de quienes habrán de integrar los poderes públicos en la siguiente Legislatura Federal, los estados, los congresos locales y el gobierno federal, las siguientes 10 propuestas:
1. Incrementar gradualmente la inversión pública hasta ubicarla en 5% o 6% del PIB, priorizando la infraestructura logística y de transporte (con énfasis en mantenimiento carretero) energética, hídrica, los sistemas de movilidad urbana y las obras de educación y salud.
2. Mejorar la rentabilidad de las inversiones públicas y la calidad de la infraestructura fortaleciendo los procesos de planeación, desarrollo de proyectos, ejecución y evaluación de la infraestructura, innovación y transparencia en la contratación de la obra pública.
3. Institucionalizar el inicio de los procesos licitatorios tan pronto como quede aprobado el presupuesto federal.
4. Elevar la recaudación tributaria, a través de ampliar significativamente la base de contribuyentes con programas de incentivos a la formalización de las actividades productivas y del empleo.
5. Valorar la conveniencia de realizar una Reforma Integral de Pensiones para fortalecer las fuentes propias de financiamiento.
6. Realizar una reestructura de la deuda pública federal para ampliar plazos y obtener mejores tasas, de manera que los ahorros en el servicio de la deuda pública se destinen a infraestructura estratégica.
7. Abrir a la participación del sector privado el desarrollo de infraestructura energética para complementar la inversión pública en temas fundamentales.
8. Convocar al Congreso de la Unión y a los congresos locales a priorizar los presupuestos para infraestructura.
9. Activar mecanismos transparentes y apegados a la legalidad de coinversión público privada para el financiamiento de infraestructura estratégica.
10. Activar los mecanismos de potenciación de flujos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal para los fondos federales que permiten financiar obras estatales y/o municipales.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), es la institución encargada de representar, apoyar y fortalecer a las empresas constructoras del país, por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con alrededor de 9 mil empresas afiliadas en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención en toda la República Mexicana.