Por Victor Barrera 
Luego de la aprobación en comisiones de la Cámara de Senadores de la reforma a la Ley de Derechos que aplica un cobro de 42 dólares a turistas de cruceros en México a partir de 2025, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) lanzó un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para no aplicar esta medida.
Argumentan que este cobro colocaría a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo, afectando severamente la competitividad del país frente a otros destinos del Caribe.
La Amanac también manifestó su respaldó la postura de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), en el sentido que este nuevo gravamen provocará un cambio en las rutas de las principales líneas de cruceros a partir de 2026, con una importante reducción en los arribos de buques.
“Es un hecho que el incremento en costos migratorios, elevaría los gastos de desembarque en hasta un 213% en comparación con otros puertos de la región, alejando a México del mercado turístico global”, asegura la Amanac.
Recordaron que actualmente, los pasajeros de cruceros llegan bajo el régimen de exención de tránsito, conocido como DNR (Derecho de No Migrante). Sin embargo, la eliminación de esta exención y la imposición del nuevo derecho, combinado con el gravamen de 5 dólares que aplicarán Cozumel y Mahahual a partir de 2025, incrementaría el costo total a 47 dólares por pasajero.
“Este cambio pone en riesgo la competitividad de los puertos mexicanos, así como los beneficios económicos generados por la industria. El sector de cruceros aporta aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales en gastos directos, genera más de 20,000 empleos y contribuye con más de 200 millones de dólares en salarios”, añaden.
Aseguran que si no se revierte este cobro, México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3,300 escalas de buques en 2025, impactando directamente a las economías locales de los puertos turísticos y a miles de pequeños proveedores y empresas nacionales.
Revisión legislativa
De manera paralela, el recién nombrado presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, Eugenio Segura, solicitó previo a su aprobación en comisiones de la Cámara Alta, que esta medida se aplace para aminorar el impacto en el sector del turismo de cruceros.
El senador pide postergar por un periodo de 180 días la aplicación de la reforma. “De esta manera se equilibra la recaudación fiscal con la protección de sectores turísticos», aseguró el senador.
Añadió que este tiempo de espera evitaría que las empresas absorban el impacto económico, tomando en cuenta que las navieras ya tienen comercializados paquetes vacacionales para los siguientes 6 meses del 2025.
Actualmente los dos puertos de cruceros en el Caribe mexicano, Cozumel y Mahuahual, captan 70% de todos los pasajeros de crucero que se reciben a nivel nacional.
De hecho, Quintana Roo cerró el tercer trimestre del año con 5 millones de pasajeros de cruceros y se perfila para un nuevo récord, luego de superar ya los registros de captación de cruceristas previos a la pandemia de 2019.
La isla de Cozumel reportó entre enero y septiembre de este año el arribo de 3.4 millones de pasajeros, mientras que Mahahual ha captado 1.6 millones, con lo cual la captación de cruceros en Quintana Roo supera ya en 9.53% los registros de 2019.
El crecimiento respecto de 2023 es de doble dígito, pues se supera ya en 17.5% los volúmenes de turistas del año pasado.
El aporte de 70% que hace Quintana Roo respecto de todos los turistas de esta modalidad a nivel nacional se ha mantenido en los mismos niveles desde 2019, cuando los 4.5 millones de cruceristas captados por Cozumel y Mahuahual entre enero y septiembre de ese año equivalían al 71% de la industria nacional.
Analizados por separado, Cozumel representa en el tercer trimestre de 2024 el 48% de todos los turistas de crucero a nacional, mientras que Mahahual participa con otro 22%, lo cual los coloca como los dos principales puertos del país, muy por delante de Ensenada, que figura en tercer sitio con 708,553 pasajeros, es decir, una participación de 9.9 por ciento.
En ese contexto, Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, aseguró que la aprobación de este nuevo cobro será devastador para Quintana Roo, pues tanto Mahahual como Cozumel dependen en casi 100% de los ingresos que esta industria les reporta, y las navieras ya han amenazado con buscar otros puertos en caso de que prospere la reforma a la Ley de Derechos.
“En Cozumel vivimos de los cruceros, todas las familias viven directa o indirectamente de esta industria y no se está consultando a nadie sobre el impacto que tendrá esta política en la vida de tantas personas”, dijo.