Por Victor Barrera 
El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos, transparente y publique en formato de datos abiertos la totalidad de los permisos vigentes otorgados a los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos (CARSS). Solicitó incluir los nombres de las personas físicas o morales titulares, números de permiso, fechas de expedición, vigencia y modalidades autorizadas.
Además, llamó a la dependencia a precisar de manera detallada y por entidad federativa cuáles establecimientos operan actualmente, cuáles permanecen inactivos o suspendidos y cuáles han sido objeto de clausura, cancelación o revocación durante los últimos cinco ejercicios, señalando los motivos jurídicos y fácticos de cada determinación.
El líder priista también pidió transparentar el número de plataformas electrónicas de apuestas con permiso vigente en territorio nacional, identificando al titular, las modalidades en línea, los dominios o aplicaciones amparadas y las acciones implementadas para verificar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Moreira Valdez destacó la importancia de realizar acciones de supervisión y vigilancia en estos centros para asegurar que no incurran en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aseguró que es necesario contar con información actualizada y sus esquemas de prevención de lavado de dinero para atender este fenómeno de manera eficaz.
Refirió que el crecimiento de las plataformas electrónicas es acelerado. Detalló que de acuerdo con el informe de la consultora Blue Global Gaming para la Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), se estima que el mercado mexicano de juego en línea alcanzó un valor cercano a los 970 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 15 por ciento.
“La opacidad sobre el universo real de permisos y operadores en el sector de casinos representa una vulnerabilidad estructural que puede impactar negativamente en la calificación del Estado mexicano y en su reputación financiera internacional”, concluyó Rubén Moreira.