Por Victor Barrera 
La diputada federal Lorena Piñón Rivera solicitó la urgente intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para que operen el «Protocolo Estatal de Protección para Candidatos y Candidatas Municipales en Riesgo», esta demanda se encuentra alineada con las exigencias en materia de seguridad pública que han sido expuestas por el presidente del PRI Alejandro Moreno, con el propósito de establecer criterios objetivos de evaluación y asignación de medidas de seguridad debido a los altos índices de violencia política que se viven en México.
En conferencia de prensa, la legisladora del PRI explicó que dicho protocolo debe incluir un sistema de alerta temprana que identifique señales de posible violencia, declaraciones públicas amenazantes y movimientos inusuales de grupos criminales en zonas municipales. Dijo que de acuerdo con sus atribuciones, en el protocolo debe operar una «Comisión Interinstitucional de Seguridad Electoral Municipal» con participación de autoridades federales, estatales, municipales y del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz para implementar y supervisar estas medidas de protección.
Acompañada del coordinador Rubén Moreira e integrantes de la bancada priista, la política veracruzana detalló que los criterios para asignar protección a candidatos municipales deben incluir mapeo de zonas de alto riesgo, antecedentes de violencia política en el municipio, historial de amenazas a la candidata o candidato e índices delictivos locales.
Piñón Rivera solicitó la asignación extraordinaria de elementos de la Guardia Nacional en los municipios de alto riesgo durante todo el periodo de campaña y hasta la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos y juzgadores. Además de asignar recursos extraordinarios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para medidas de protección.
Expuso que el dirigente estatal priista en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana, presentó ante el órgano electoral veracruzano la petición de que se instale un mecanismo institucional de protección a la seguridad de los candidatos en condiciones de riesgo.
Finalmente, consideró que la democracia veracruzana está en riesgo y se requiere que, tanto el Gobierno Federal como el estatal, demuestren su compromiso implementando estas medidas de forma inmediata, priorizando la protección de quienes buscan servir desde los ayuntamientos y desde la función judicial.