Por Victor Barrera 
El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) promueve una iniciativa para establecer bibliotecas en los centros de reclusión, con un acervo previamente autorizado por la autoridad penitenciaria, que permita a las personas privadas de su libertad la posibilidad de educarse, informarse y mejorar las condiciones de su reinserción social.
La propuesta, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisa que la implementación de las bibliotecas se deberá realizar de manera progresiva, priorizando aquellas penitenciarías con más población y mayores índices de reincidencia, conforme a los criterios que determine la autoridad del penal.
La autoridad penitenciaria podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas, bibliotecas públicas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, a efecto de fortalecer el acervo bibliográfico, los programas de fomento a la lectura y las actividades educativas dentro de los centros penitenciarios.
La aplicación del decreto se realizará con cargo al presupuesto autorizado a las autoridades competentes, por lo que no se requerirán recursos presupuestarios adicionales para su cumplimiento.
Gaona Domínguez destaca en su exposición de motivos que el acceso a espacios educativos adecuados como las bibliotecas penitenciarias, permite garantizar el derecho a la educación, a la información y a la cultura, fomentando el pensamiento crítico, la formación integral y el desarrollo personal, elementos fundamentales indispensables para una reinserción social efectiva y sostenible.
En este sentido, recalca que contar con bibliotecas en los centros penitenciarios no implica crear una nueva institución ni un programa con recursos adicionales, sino aprovechar y ordenar infraestructura y acervos existentes, implementando la medida de forma gradual y con apoyo de convenios de colaboración.
Un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez señala que los centros penitenciarios del país carecen de infraestructura digna para vivir y convivir, hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas que ahí se encuentran tengan herramientas que las fortalezcan al momento de salir.
Ante esta situación es necesario buscar alternativas integrales que mejoren las condiciones en las penitenciarías, tomando en cuenta el escenario de inseguridad y violencia que se vive en el país desde hace varios años.
En tanto, para mejorar la reinserción social se requiere fortalecer la educación considerando que la vida en prisión genera efectos adversos; por eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la considera una de las herramientas más adecuadas para lograr un proceso formativo capaz de producir cambios positivos en las actitudes, habilidades y expectativas de vida de las personas internas.