Por Victor Barrera 
Por Víctor Barrera
Los de Morena quieren lavarse la cara en el caso de Rubén Rocha Moya y los otros acusados de presunta complicidad con grupos criminales de narcotráfico, pero cae en contradicciones a las leyes que ellos mismos han reformado como es el caso de la prisión preventiva oficiosa que se incluye en el artículo 19 constitucional.
Durante el régimen de la autollamada 4T se modificó este artículo para ampliar los delitos que, por sola imputación, conlleva automáticamente a la privación de la libertad sin que un juez evalúe riesgo de fuga, peligro para la victima o posibilidad de obstaculizar la investigación. Porque para esos delitos se te acusa y e te encarcela. El catálogo de delitos, que fue ampliado, sujetos a esta medida fue ampliamente defendido por Morena y aprobado por su mayoría.
Por tanto, son contradictorias las peticiones que desde Palacio Nacional se hacen respecto a que Estados Unidos debe presentar pruebas sobre las acusaciones a Ruben Rcoha Moya, pero no aplica las reformas a la ley donde por supuesto debería ser encarcelado en México, mientras se realizan las investigaciones conducentes que demuestren su inocencia culpabilidad sobre lo que se le acusa.
Es cierto que uno del os principios fundamentales del derecho en México y el mundo es que nadie puede ser privado de su libertad mientras no se le demuestre la culpabilidad de haber cometido un delito. Pero las modificaciones al artículo 19 constitucional, que fueron ampliamente defendidas por Morena, permiten todo lo contrario.
Lo que vemos es que nuestros legisladores y el partido en el poder manejan las leyes a su conveniencia sobre los suyos y piden la aplicación sobre los otros.
El gobierno mexicano debe ser el garante de la aplicación de la ley y si un delito como el narcotráfico es motivo de aplicar la prisión preventiva oficiosa, entonces debe aplicarse a todos aquellos que caen en esta presunción.
México no puede invocar el derecho internacional sobre una persona, mientras al interior del país se aplica la ley a otras personas que mantienen su arresto por el simple hecho de ser acusadas de un delito que está en la lista de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa.
El gobierno federal debe actuar primero conforme a nuestras leyes, iniciar una investigación sobre los acusados, ponerlos en prisión preventiva y después si no existen las pruebas contundes dejarlos en libertad. Sobre todo, que estos acusados cuentan con los recursos suficientes para poder salir del país y evadir la justicia.
No esperemos que las amenazas de Donald Trump se hagan realidad para actuar, porque el gobierno tiene la obligación de hacer valer las leyes mexicanas si no lo hace entonces solo hace simulación de respetar el estado de derecho y esto a la larga sale más caro.