Por Victor Barrera 
La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) impulsa una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la adquisición de medicamentos para personas mayores de 60 años.
La reforma, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propone cambios al artículo 2º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de establecer que las medicinas de patente, así como los medicamentos similares y genéricos adquiridos por personas de sesenta años y más para su consumo personal, se aplicará la tasa cero por ciento del impuesto.
Estipula que, en caso de medicamentos similares y genéricos intercambiables, se deberá acreditar la identidad del beneficiario mediante identificación oficial y la exhibición de la prescripción médica expedida a nombre del mismo.
En su exposición de motivos, la legisladora destaca que el envejecimiento de la población constituye uno de los fenómenos demográficos más relevantes del siglo XXI, y representa un reto estructural para los estados en materia de derechos humanos, sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social.
Señala que de acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) en México la población de 60 años y más asciende actualmente a 17.1 millones de personas y se proyecta que alcance los 35.4 millones para el año 2050.
Indica que aproximadamente 3.9 millones de personas adultas mayores se encuentran en situación de pobreza, lo que representa cerca del 31 por ciento de esa población; además, alrededor del 70 por ciento no cuenta con algún sistema de seguridad social, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y su dependencia de apoyos externos.
Menciona que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) el gasto de bolsillo en salud ha mostrado un crecimiento sostenido y alcanza un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar, con un incremento real de 7.9 por ciento respecto a 2022.
Añade que más de 857 mil hogares enfrentan gastos catastróficos derivados de servicios de salud, situación que impacta de manera más severa a las personas adultas mayores, quienes requieren tratamientos continuos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares.
Subraya que las personas adultas mayores enfrentan una doble carga: ingresos limitados o inexistentes y mayores necesidades de atención médica, lo que genera una presión económica constante que compromete su bienestar y limita el ejercicio pleno de su derecho a la salud.
Por ello, considera que, de ser aprobada la propuesta se lograría reducir el gasto de bolsillo, prevenir el empobrecimiento asociado a enfermedades, garantizar condiciones más equitativas el acceso a estos insumos, ya que no puede estar condicionado por la capacidad de pago de un sector que carece de ingresos suficientes y de cobertura institucional.