Por Victor Barrera 
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, denunció presuntas violaciones al debido proceso y falta de acceso a pruebas dentro de la causa penal que enfrenta por el delito de “huachicol fiscal”.
A través de un comunicado difundido por su defensa, el exmando de la Secretaría de Marina informó que envió una quinta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de permanecer ocho meses en prisión sin recibir, asegura, una respuesta oficial por parte del Gobierno federal.
La defensa legal de Farías Laguna sostuvo que el caso refleja una contradicción entre el discurso público del Gobierno y la actuación de las autoridades judiciales.
Según el comunicado, mientras el Gobierno federal exige públicamente que toda acusación esté respaldada con pruebas contundentes, el Vicealmirante afirma encontrarse privado de la libertad sin acceso pleno a los elementos de prueba necesarios para ejercer adecuadamente su defensa.
El documento subraya que las cinco cartas enviadas directamente a la Presidencia no han recibido respuesta formal, pública ni institucional.
De acuerdo con la defensa, Farías Laguna fue vinculado a proceso dentro de la causa penal 325/2025 sin pruebas suficientes que acrediten circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Además, sostiene que fue exhibido públicamente como culpable antes de celebrarse su audiencia judicial, situación que —afirma— vulneró su presunción de inocencia y generó un “efecto corruptor” en el proceso.
También denuncia que continúa sin acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAM-CDMX/000568/2024, ya que parte de la información habría sido reservada bajo argumentos de seguridad nacional.
La defensa relacionó el caso con recientes discusiones públicas sobre acusaciones contra actores políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, en las que el Gobierno mexicano ha insistido en la necesidad de pruebas antes de emitir juicios.
En ese contexto, los abogados de Farías Laguna sostienen que el principio de presunción de inocencia debe aplicarse de manera uniforme y no de forma selectiva.
El comunicado concluye señalando que el reclamo del Vicealmirante no es político, sino jurídico y constitucional, y advierte que la falta de respuesta institucional profundiza la percepción de indefensión denunciada por el acusado y su familia.
“La justicia no puede depender del contexto político. La presunción de inocencia no puede aplicarse selectivamente”, concluye la defensa.