A fin de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia familiar, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de que el agresor salga de casa.
En ese tenor, la propuesta refiere que la violencia familiar sigue siendo uno de los principales factores que vulneran los derechos de la infancia, generando impactos negativos en su desarrollo físico, emocional y psicológico. En muchos casos, se indica, las víctimas niñas, niños y adolescentes son forzadas a abandonar su hogar como única alternativa de protección, lo que implica un doble perjuicio: la pérdida de su espacio de vida y la continuidad de la violencia estructural.
Se detalla que, a pesar de los avances en la legislación nacional, persisten vacíos normativos que permiten que el agresor continúe en el hogar, mientras que las víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, deben buscar refugio en albergues o con familiares. Esta situación “no solo revictimiza a quienes han sufrido violencia, sino que además atenta contra su derecho a una vida libre de violencia y estabilidad”, indicó.
Morán Sánchez mencionó que la obligación de la víctima de abandonar su domicilio en lugar del agresor, “es una injusticia que agrava la vulnerabilidad de la niñez y perpetúa patrones de impunidad. Por lo que esta situación “genera un impacto negativo en su desarrollo emocional, social y psicológico”.
Al respecto, refirió que el marco jurídico vigente, establece medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, pero no establece de manera específica la obligación de separar al agresor del hogar de manera inmediata. En muchos casos, la respuesta institucional se limita a la canalización de las víctimas a refugios o albergues temporales, lo que no solo afecta su estabilidad, sino que también incrementa el riesgo de desarraigo y exclusión social.
Por lo que la falta de claridad en la legislación, ha generado discrepancias en la aplicación de medidas de protección, dejando a la discrecionalidad de las autoridades la decisión de resguardar a la víctima o mantenerla en el hogar junto con el agresor. Esta situación, expuso, “ha derivado en la falta de un protocolo uniforme que garantice la salvaguarda efectiva de los derechos de la infancia y adolescencia”.
El diputado federal por Colima, advirtió que uno de los principales desafíos en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, radica en la inadecuada coordinación entre las instancias de seguridad, justicia y asistencia social. Por lo que, “la falta de un mecanismo de acción inmediata, impide que las medidas de protección se apliquen con la celeridad y contundencia necesarias, exponiendo a las víctimas a situaciones de riesgo recurrentes”.
Asimismo, explicó, la ausencia de un procedimiento obligatorio para la desocupación inmediata del agresor, ha contribuido a la revictimización, generando un efecto adverso en la percepción de la justicia por parte de la población afectada. “La inacción o tardanza en la aplicación de estas medidas refuerza un mensaje de impunidad y desprotección que agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, reiteró.
La propuesta hace hincapié en que la incorporación de una reforma en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establezca la separación inmediata del agresor del domicilio familiar, es una acción urgente y prioritaria para garantizar la seguridad y bienestar de la infancia y adolescencia en México. Ésta permitirá fortalecer el marco normativo en materia de protección de víctimas de violencia familiar, asegurando su permanencia en un entorno seguro sin necesidad de ser desplazadas de su hogar.
Por lo que, dicha iniciativa plantea establecer que el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, garanticen que, en casos de violencia familiar, las víctimas no sean obligadas a abandonar su hogar, sino que el agresor sea separado de manera inmediata.

