Por Victor Barrera 
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras condenaron el asesinato de Patricia Negrete Tafoya en Guanajuato, quien desde enero del 2021 buscaba a su hermana Laura Angélica. Señalaron que es la quinta defensora buscadora asesinada en lo que va del año en el país y la cuarta en territorio guanajuatense.
En un pronunciamiento, instaron a las autoridades a investigar los hechos de manera pronta, diligente y con perspectiva de derechos humanos y de género, considerando su labor de búsqueda como una línea relevante.
Llamaron a que se aborde “como una prioridad de máximo nivel la situación de violencia y riesgo que viven las defensoras buscadoras en el país, y de manera particular, en el Guanajuato”.
Expusieron que la situación es “altamente preocupante”, ya que según sus registros, desde 2019 han sido asesinadas en México al menos 23 mujeres que buscaban a sus seres queridos, siete de ellas en Guanajuato, una de las entidades donde “enfrentan mayores riesgos y violencias”.
Resaltaron que en el país continúan también desaparecidas al menos tres mujeres familiares de desaparecidos.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también condenaron el asesinato de Patricia, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir.
AI México expuso que este asesinato constituye un hecho “profundamente alarmante” y resaltó que las autoridades deben identificar, procesar y sancionar a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la reparación integral del daño a la familia de Patricia y de dar con el paradero de Laura Angélica”, enfatizó. Sus familiares, ahondó, tienen derecho a conocer la verdad y a acceder a la justicia.
Señaló que este asesinato no puede entenderse como un hecho aislado. “Es indispensable que las autoridades estatales y federales adopten acciones urgentes, efectivas y coordinadas par proteger a las mujeres buscadoras y a los colectivos de familiares de personas desaparecidas”.
Indicó que mientras las familias continúen enfrentando violencia por exigir verdad y justicia, el Estado mexicano “seguirá incumpliendo su obligación de garantizar su seguridad, proteger sus derechos y atender la grave crisis de desapariciones que se vive en el país”.